Un informe de la Agencia de Protección de Datos considera que las extintas Cámaras de la Propiedad Urbana de Álava y Vizcaya, ahora constituidas en nuevas entidades, han podido infringir la legislación al haber utilizado las bases de datos de los antiguos socios sin el permiso del Gobierno vasco.
Las Cámaras de la Propiedad se disolvieron en Euskadi mediante un decreto del Departamento de Vivienda, que fue recurrido en el Tribunal Superior del País Vasco. Según la consejería de Javier Madrazo, se presentaron siete recursos de carácter contencioso-administrativo, y los magistrados han respondido negativamente en todos.
Al mismo tiempo, el Gobierno vasco consultó a la Agencia de Protección de Datos si es legal que las nuevas asociaciones alavesa y vizcaína hayan utilizado los ficheros con los datos personales. La respuesta llegó a través de un informe fechado en agosto pasado, que subraya la ilegalidad de aprovechar esa información.
Liquidar cuotas
En el caso de la entidad alavesa, las dudas se referían a su decisión de liquidar cuotas a las personas que aparecían en los archivos de la extinta Cámara de la Propiedad. Para hacer eso, explica la Agencia, debió pedir permiso al Ejecutivo autónomo porque así lo establece la ley reguladora del Patrimonio en Euskadi.
Pero incluso si hubiera estampado el membrete de la Cámara Oficial, la Agencia considera que también habría actuado de forma irregular, pues los destinatarios no habían dado el consentimiento para utilizar sus datos.
Según el Gobierno vasco, ese dictamen es aplicable a la entidad que reemplaza a la extinta Cámara de Vizcaya, cuyos miembros se han dirigido por carta a los antiguos socios para informarles de los cambios. El documento les recuerda que «sus datos personales» han cambiado de manos y serán utilizados como antes, salvo que manifiesten lo contrario. Para borrarse del fichero, les invita a desplazarse a las nuevas oficinas de Bilbao, en la calle Henao, 16.
