Un año más tarde de lo anunciado, pero el Gabinete Alonso pondrá en marcha este viernes, por fin, la maquinaria administrativa para sacar 20 taxis más a las calles de Vitoria. El teniente de alcalde, Javier Maroto, anunció que esta semana aparecerá en el boletín oficial de la provincia la apertura del correspondiente concurso público para acceder a las autorizaciones. Los interesados tendrán un mes para presentar sus ofertas y los certificados de que cumplen todos los requisitos establecidos. El Ayuntamiento exige 150.000 euros por cada licencia.
El aumento de la actual flota de transporte público fue pactado por el Gabinete Alonso y por el colectivo de profesionales hace ya un año, en octubre de 2005. En todo este tiempo, las áreas municipales de Hacienda, Movilidad y Contratación han elaborado un documento de adjudicación de las licencias que se ha encontrado con diversos contratiempos, motivo por el que se ha demorado su aprobación definitiva, que en principio se preveía para la pasada primavera.
36 vehículos más
El trámite de adjudicación de las autorizaciones es extenso y farragoso. El Gabinete Alonso dijo ayer que su previsión es que los nuevos coches estén en la calle a comienzos de 2007, pero a tenor de experiencias pasadas parece un plazo demasiado optimista. En el último proceso similar -en 2002-, sólo 9 de los 17 nuevos taxistas trabajaban en la calle con normalidad seis meses después de entregadas las licencias.
Cuando el proceso esté finalizado, Vitoria contará con 194 taxis operativos, una cifra que seguirá siendo una de las más bajas entre las capitales del entorno. El Gabinete Alonso tiene sobre la mesa un acuerdo político de todos los partidos de la oposición -PNV, PSE, EB y EA, que suman una holgada mayoría- para aumentar esta cifra en otros 36 vehículos durante el primer semestre de 2007.
Los grupos tejieron el pasado mes de marzo un pacto en el pleno municipal para obligar al PP a establecer en Vitoria un ratio de un taxi por cada mil habitantes, lo que en la actualidad quedaría traducido en 230 vehículos público en servicio. El PP rechazó sumarse a esta pretensión y, pese a compartir parte de la justificación respecto a la escasez de licencias, consideró necesario un «estudio previo» para calcular cuántos coches más se deben poner en la calle una vez autorizados los 20 nuevos permisos.
