La financiación del soterramiento y desvío del tren en la capital alavesa lleva camino de convertirse en materia de pelea política entre las tres grandes instituciones de las que depende la gran obra, ahora en manos de tres partidos políticos diferentes, los socialistas (Gobierno central), PNV (Ejecutivo vasco) y PP, que lidera el Ayuntamiento de Vitoria. Dos de estos tres actores abrieron ayer, de nuevo, la espita de la polémica.
La primera en iniciar la controversia fue la consejera de Transportes del Gabinete Ibarretxe, Nuria López de Guereñu. La titular de la cartera vasca emplazó en una entrevista en una emisora pública de radio al Ministerio de Fomento a «pagar al menos la mitad» del coste de la operación, que aún no ha sido cuantificado con exactitud. Las últimas estimaciones indican que la faraónica obra puede costar entre 400 y 560 millones de euros, en función del método de excavación -con tuneladora, más caro, o en trinchera- que resulte elegido.
«Se trata de una infraestructura que es titularidad del Estado», argumentó López de Guereñu, quien agregó que el Ejecutivo central ha llegado a ese porcentaje de financiación «en otras capitales», por lo que no hacerlo en Vitoria sería «discriminatorio». «Las instituciones vascas, tanto el Gobierno como la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, esperan que se les dé el mismo trato», dijo la consejera.
El Ministerio de Fomento es, no obstante, la única parte implicada que ha desvelado por el momento cuál será su aportación en la operación. Pondrá 132 millones de euros en metálico, una cantidad que se corresponde a lo que costaría la entrada de la alta velocidad en la capital alavesa en superficie y por el recorrido actual, dado que Fomento «no paga soterramientos», como ha defendido desde el inicio.
Callada por respuesta
Sin embargo, dada la operación elegida en Vitoria el Ministerio contribuirá a la financiación con los 100.000 metros cuadrados de su actual corredor ferroviario, donde se podrán promover viviendas y equipamientos. El PSE ha calculado que todo ello supone una aportación ministerial de 205 millones de euros. El Gobierno vasco, por ahora, únicamente ha afirmado que «trabajará para garantizar la intermodalidad» de la futura línea férrea con el tranvía de la ciudad, un compromiso que las instituciones alavesas han tildado de «pobre».
El alcalde de Vitoria replicó ayer a la consejera en esta línea. «Últimamente se oye hablar mucho de lo que tienen que poner los demás, más de lo que debe aportar cada uno», dijo Alonso con ironía. «Sería bueno que conozcamos cuál es la intención del Gobierno vasco en la financiación de esta infraestructura. Hasta ahora lo desconocemos, porque siempre han dado la callada por respuesta», apuntó.
Meses atrás, el PSE ya exigió al Ejecutivo de Ibarretxe el mismo esfuerzo económico que el que realizará el Gobierno central. «Lo razonable es que ponga, como mínimo, la misma cantidad», apuntó su portavoz en el Ayuntamiento, Patxi Lazcoz.
