Todo vale con tal de aparcar, incluso suplantar la identidad de un discapacitado. El Ayuntamiento de Vitoria ha detectado el uso «fraudulento» que algunos conductores hacen de las tarjetas que el Consistorio entrega a las personas con minusvalías para que éstas puedan estacionar en las plazas reservadas a este colectivo. Los 1.813 distintivos vigentes en la ciudad deben mostrarse en el parabrisas delantero del vehículo y son de uso personal e intransferible. Como mucho, el coche puede ser conducido por otra persona si el titular del documento va montado en él. Ésa es la teoría.
En la práctica, la Policía Municipal ha interpuesto ya 17 denuncias por «falsificaciones de la tarjeta» o por usos abusivos por parte de familiares o amigos de los titulares. Así lo reconoció ayer el concejal de Tráfico, Miguel Ángel Echevarría, tras escuchar las denuncias del PNV relacionadas con estas irregularidades. El pleno aprobó ayer por unanimidad una moción de los peneuvistas en la que el Ayuntamiento se compromete a estrechar el control de estos permisos y a garantizar su autenticidad.
«Fáciles» de copiar
Los propios colectivos de discapacitados han alertado de esta cuestión a los partidos, aunque la cuestión no tiene una fácil solución, a juicio de Echevarría, que insistió en que «la Policía Local ya lleva tiempo actuando». El uso de estos carnés, remarcó, está regulado por un decreto del Gobierno vasco, «que se debe mejorar».
El político popular puntualizó que el Ayuntamiento es quien entrega las tarjetas, pero el que las hace es el Ejecutivo autonómico. «No las podemos cambiar por nuestra cuenta y son fáciles de falsificar», alertó tras revelar que ya solicitó dos reuniones con los técnicos del Gobierno vasco. Según su versión, el primer encuentro fue obviado y sólo se produjo el segundo, en febrero, donde le explicaron que «existe un defecto y que se iba a realizar otro formato. Sigo a la espera».
Mientras tanto, si la Policía Local descubre a alguien que conduce sin ser el titular de la tarjeta, le multa por mal estacionamiento; si descubre una falsificación, comunica el delito a la autoridad judicial.
