La aprobación en septiembre del Plan Especial para la Rehabilitación del Casco Viejo (PERI) no ha sido bien recibida por una parte de los vecinos del casco medieval. Este grupo ha optado por crear una asamblea, que ayer vio la luz.
Durante su presentación, los miembros del colectivo denunciaron que este proyecto supondrá la expropiación de 5.787 metros cuadrados de suelo residencial y casi otro millar correspondiente a terrenos sin edificaciones. Unos espacios que afectan a viviendas, huertas y espacios libres de las calles Correría, Mateo Moraza, plaza del Machete, Fray Zacarías, paseo de los Arquillos, Zapatería, Nueva Dentro y Pintorería.
«También se incluyen 7.070 metros cuadrados de locales, todo ello en contra de lo prometido en su día por el alcalde», criticó Antonio Escalante, uno de los portavoces de la nueva plataforma. No obstante, insisten, no es esto lo peor. «El precio que se va a pagar por el metro cuadrado de superficie construida en los locales ha pasado de los 205 euros en 2002 a los 791 de ahora», denuncian.
Para Escalante, esta es una muestra de que el objetivo de este plan responde a los intereses de «operadores mobiliarios y turísticos, además de a ciertos sectores comerciales, pero se olvida de la rehabilitación social». De hecho, el PERI se ha marcado como objetivo reformar las 1.480 viviendas del Casco Histórico que necesitan ser rehabilitadas. «Para lograrlo, en sus ocho años de vigencia deberían actuar en 185 pisos al año, pero con la última aprobación tan sólo se habla de un total de 62 casas anuales. Cuando acabe, faltarán todavía 991 por mejorar».
Posible financiación
Además, los integrantes de la asamblea anti PERI se preguntaron por el destino de los 115 millones de euros que se van a destinar a este apartado. «De las 33 actuaciones para mejorar la accesibilidad, una docena absorben el 82% de los 24 millones, pero no solucionan la situación para las personas con problema de movilidad. Deja para el final el cantón de Carnicerías, donde está el centro de salud», aseguraron. También rechazaron las inversiones para el aparcamiento mixto y los equipamientos de uso terciario de El Campillo.
«Favorecen intereses de la empresa privada y no a los vecinos, que sólo podrán obtener el 40% de las plazas de párking», recalca Escalante, quien reveló, por último, la forma para financiar el déficit económico con el que parte este proyecto. «El documento sugiere que la Agencia de Renovación Urbana venda sus 123 viviendas a precio de protección oficial -1.262 euros el metro cuadrado-, y no como vivienda social, que sería la mitad», confirma.
Sobre todos estos aspectos tienen previsto informar al resto de residentes del Casco Viejo, a los que también animan a «participar y realizar movilizaciones de denuncia y protesta hasta que consigamos hacerlo inaplicable», advitió Escalante.
