El mapa fiscal para 2007, que deberá aprobar el Ayuntamiento de Vitoria en el pleno que celebrará el martes, está incompleto. Tras el debate celebrado ayer en la comisión de Hacienda, la única cuestión que ha quedado perfilada, al menos de forma provisional, es la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que aumentará el año próximo un 4,58%, gracias al acuerdo alcanzado 'in extremis' por el PNV, EB y EA. El incremento supone la mitad del propuesto por el Gabinete Alonso.
Los tres grupos que forman el tripartito en el Gobierno vasco dejaron en el aire, sin embargo, el importe de las otros 41 impuestos y tasas municipales, así como el precio de los servicios que presta el Consistorio a los ciudadanos. Aunque ayer se pronunciaron a favor de la congelación de todos ellos, sus portavoces dejaron claro que, tras la retirada de sus enmiendas a la totalidad, esa cuestión se dilucidará «antes de fin de año», cuando concluya «el periodo de alegaciones» que permite a particulares y asociaciones plantear las propuestas que consideren convenientes. Así lo resumió la concejala jeltzale Arantza Zenarruzabeitia.
La postura de esos tres partidos sorprendió especialmente al PP. No en vano, el concejal de Hacienda, Javier Maroto, había anunciado dos días antes que, a la vista de las enmiendas globales formuladas por la oposición iba a prorrogar los impuestos, tasas y precios públicos para 2007. Todos, a excepción del IBI, cuya subida general se situaría en un 9%, si bien el impacto de las bonificaciones, unas 37.000, dejaría el incremento medio en un 4,95%.
Maroto reiteró ayer que ese tributo debe aumentar cada año un 9% hasta 2012, en virtud del acuerdo suscrito en 2005 por PP, PSE, EB y EA para suavizar el impacto del 'catastrazo'. «Y así debe mantenerse para cumplir la ley».
Condiciones socialistas
Los socialistas optaron por abstenerse en la votación de la propuesta del tripartito, la única sobre la que sus ediles se pronunciaron formalmente. El portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, justificó su postura porque el PP había «despreciado la posibilidad de llegar a un acuerdo más amplio».
Lazcoz no ocultó su malestar por las «descalificaciones públicas» de Maroto hacia su grupo «hace 48 horas». Pero, sobre todo, censuró la negativa popular a aceptar sus condiciones para respaldar su propuesta fiscal.
De un lado, el PSE exigía al Gabinete Alonso asumir las conclusiones de la ponencia fiscal «creada en 2005 para analizar, entre otras cosas, los costes de los servicios municipales». Una condición complicada de llevar a cabo porque ese estudio aún no ha concluido. De otro, pretendía que el PP se comprometiera a ampliar del 10% al 20% la capacidad de las asociaciones de vecinos para decidir las inversiones y obras en los barrios de la ciudad.
Tras escuchar esos argumentos, Maroto ofreció a los socialistas modificar el reglamento de participación ciudadana para cumplir su exigencia, siempre que se mantuviera en ese 20% y no se intentara después «subastarlo» al alza en el debate presupuestario. Sin embargo, el PSE no se pronunció sobre esa última oferta y persistió en su postura abstencionista, por lo que salió adelante lo pactado por el PNV, EA, y EB.
«Más agria que dulce»
A juicio del edil de Hacienda, la subida del IBI pactada ayer no sólo «no respeta el acuerdo» de 2005, sino que es «descabellada» y responde a la proximidad de las elecciones.
«Los ciudadanos van a tener una sensación más agria que dulce al saber que en 2007 tendrán una especie de 'vacaciones fiscales' con ese impuesto, pero que en el siguiente o en otros ejercicios, cuando ya no haya comicios, deberán afrontar aumentos del 13% para que se cumpla la ley», explicó Maroto.
El concejal del PP aseguró después a este diario que, de momento, no se ha calculado el dinero que va a dejar de recaudar el Ayuntamiento con la reducción del IBI. El teniente de alcalde admitió que, incluso con ese dato en la mano, el PP tendrá «dificultades para poder elaborar el presupuesto» para 2007, dado que no se puede cerrar el capítulo de ingresos. No en vano, se desconoce cuánto van a subir el resto de las tasas urbanas y los precios de los servicios que presta el Ayuntamiento.
Los populares podrían intentar algún acuerdo con el PSE antes del martes. Sin embargo, fuentes socialistas se mostraron escépticas. De hecho, Lazcoz sentenció que lo ocurrido en la comisión es «el resultado de la política de confrontación y crispación del PP».
