PP y PSE han cerrado en los últimos días un acuerdo en el Ayuntamiento de Vitoria para facilitar la ampliación del parking de Santa Bárbara, un estacionamiento municipal gestionado por El Corte Inglés y cuyo periodo de concesión se ha extinguido este mismo año, por lo que se encuentra en fase de prórroga.
Los partidos, que coincidieron en la necesidad de acometer esta operación al pactar los presupuestos municipales de 2006, trataban desde hace un mes de ultimar con detalle sus términos para aprovechar la obligada renovación del contrato de explotación de la infraestructura con una triple intención: duplicar su capacidad -de 660 a más de 1.300 plazas-, mejorar los accesos y reformar el espacio público superior.
Las formaciones que lideran el alcalde, Alfonso Alonso, y el líder socialista Patxi Lazcoz han mantenido frecuentes encuentros durante el último mes, que, sin embargo, ha sido en el plano político uno de los más tirantes entre ambos partidos a nivel local. El acuerdo, que los socialistas han exigido comunicar en público de forma exclusiva -lo que harán en los próximos días-, trata de aunar las posturas de ambos negociadores. De un lado, prevé la ampliación del estacionamiento, un apartado que ha sido exigido de forma reiterada -la última vez, ayer mismo- por el portavoz socialista Patxi Lazcoz. «Tiene que haber más plantas. Exactamente, el doble. Tiene que pasar de dos a cuatro», señaló ayer. «Se trata de cumplir lo acordado en el pacto presupuestario», agregó.
Los populares defendían igualmente la ampliación del aparcamiento, pero esgrimían un informe financiero -encargado a la ingeniería Idom- que cuestionaba la viabilidad del nuevo contrato en caso de llevar aparejada la excavación de dos nuevas plantas, lo que obligaría a cerrar durante al menos dos años el gran aparcamiento del centro. El acuerdo incluye, en este sentido, garantías acerca de la viabilidad de la operación.
La resolución de las diferencias entre ambas formaciones permitirá poner fin a la prórroga de explotación concedida a El Corte Inglés y sacar un concurso para seleccionar al nuevo gestor.
En el pacto presupuestario, los partidos calcularon un ingreso de 30 millones de euros en 2006 en concepto de canon a abonar por la firma elegida, a cambio de poder dirigir la infraestructura durante un periodo de 30 ó 40 años.
