El Gobierno vasco ha decidido suspender la cesión de uso de cinco pisos de su propiedad ocupados por otros tantos altos cargos de la Judicatura en Euskadi, que han recibido en las últimas semanas una comunicación oficial por escrito sobre las intenciones del Ejecutivo. La iniciativa, que se aplicará en principio a medida que vayan venciendo los actuales mandatos en los juzgados de la comunidad autónoma, repercute en el presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro; la fiscal jefe, María Ángeles Montes; la máxima representante de la Audiencia de Vizcaya, Ana Iracheta; y los responsables del Ministerio Público en las Audiencias de Álava y Guipúzcoa, Jesús María Izaguirre y Jaime Goyena. La decisión coincide en el tiempo con la fuerte controversia política generada a raíz de la causa penal abierta al lehendakari por reunirse con la ilegalizada Batasuna; fuentes cercanas a los afectados interpretan que ambos hechos están relacionados y sostienen que el tripartito «ha empezado a hacer ver» su advertencia de que encausar a Ibarretxe «no resultará gratuito».
Según medios consultados, el Gobierno optó por retirar esta vieja prerrogativa a los cinco jueces y fiscales que disponen de ella en una reunión del Consejo a la vuelta de verano y se lo notificó a todos ellos a mediados de octubre. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, lo anunció ayer durante su comparecencia ante la comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento vasco para explicar las Cuentas de su departamento de cara al próximo ejercicio. Azkarraga lo hizo a preguntas del grupo de EHAK, que el año pasado ya se había interesado por el asunto y que esta vez preguntó directamente al consejero por las viviendas ocupadas por miembros de la Judicatura vasca. El dirigente de EA detalló que se tratan de pisos propiedad del Gobierno y anticipó que, una vez cumplidos los correspondientes mandatos judiciales, «se destinarán a otros fines». La decisión, que compete en exclusiva al Ejecutivo, rompe una vieja práctica que tenía mucho de gesto de cortesía hacia los miembros de la Magistratura que venían a Euskadi a ejercer su labor.
En los primeros tiempos de la democracia, los máximos responsables judiciales y de la Fiscalía residían en las mismas dependencias de los juzgados situados en la bilbaína plaza de Jardines de Albia. A finales de los años 80, el Gobierno vasco trató de incentivar la estabilidad de la planta judicial ayudando a los profesionales que querían permanecer en la comunidad autónoma en la adquisición de viviendas; el Ejecutivo, tal y como explicitó Azkarraga el año pasado al ser cuestionado por EHAK, sigue pagando intereses bancarios derivados de aquel acuerdo, que ascendían a 18.000 euros en los Presupuestos de 2006 y a 9.000 en los del próximo año. Junto a ello, y en virtud del decreto de transferencia de las competencias en Justicia, el Gobierno adquirió varios inmuebles para ceder su uso a representantes de la Judicatura y de la Fiscalía. En estos momentos, según las fuentes consultadas, son cinco los pisos que están ocupados. En dos de ellos, ubicados en el mismo edificio de la capital vizcaína, residen los máximos representantes del entramado judicial en Euskadi: el presidente del Tribunal Superior y la fiscal jefe del mismo.
Malestar
La repercusión de la decisión del Gobierno no será inmediata; por poner dos ejemplos, el mandato de Ruiz Piñeiro vence dentro de algo más de dos años, mientras que el responsable del Ministerio Público en Álava acaba de tomar posesión del cargo. Pero la noticia ha provocado un profundo malestar en círculos del Tribunal Superior, no tanto por las consecuencias de la misma, como por lo que interpretan como un desaire del Gobierno que atribuyen a su indignación por la causa abierta al lehendakari tras entrevistarse, el 19 de abril, con la ilegalizada Batasuna. La Sala de lo Penal del TSJPV, encabezada por Ruiz Piñeiro, admitió a trámite en junio la querella presentada por el Foro Ermua y acordó proseguir con la misma el pasado 11 de octubre, lo que convierte a Ibarretxe en el primer presidente vasco implicado en un proceso penal.
El Ejecutivo respondió al segundo auto del Tribunal denunciando su «impulso político» y advirtiendo de los posibles efectos de la inédita actuación judicial. Medios próximos al Tribunal Superior atisban en la retirada de las viviendas la primera consecuencia palpable de ese aviso, que ha ido acompañado, al parecer, de un «vacío» institucional y político. La admisión de dos denuncias contra el socialista Patxi López también por reunirse con Batasuna y la anulación de la sentencia absolutoria en el 'caso Atutxa' han agudizado la crisis entre el grueso de los partidos vascos y la cúpula de la Judicatura.
