La muerte de Jokin C., hace dos años, significó el brusco despertar de una sociedad reacia a admitir una violencia escolar que iba más allá de los roces habituales de la convivencia. Desde entonces, y en un dramático paralelismo con las agresiones contra la mujer, se han multiplicado las investigaciones, que han constatado estadísticamente la severidad del problema, y se ha producido una progresiva toma de conciencia institucional y social de la urgencia de aplicar medidas correctoras. Hace dos meses, un estudio, el 'Cisneros X', concluía, tras encuestar a 25.000 alumnos, que uno de cada cuatro estudiantes españoles sufría algún tipo de hostigamiento o agresión, física o psicológica. Y aunque la Consejería vasca de Educación reducía notablemente estas cifras para nuestra comunidad, confirmaba su preocupación por unos comportamientos que esconden una peligrosa anomalía: la banalización de la violencia por los menores y su utilización impune como arma de dominio y preponderancia. Una disfunción formativa que afecta a todos los sectores de socialización, empezando por los padres y siguiendo por el entramado educacional e institucional, y que, aún así, continúa encontrando reticencias tanto a la hora de su detección como de su denuncia y corrección.
Es cierto que se han puesto en marcha programas preventivos, que se han habilitado protocolos de actuación y realizado campañas, y que incluso existe a disposición de los menores una dirección de internet. Pero siguen detectándose una resistencia de los padres a reconocer comportamientos anómalos en sus hijos, una tendencia de los centros a creer que las denuncias les desprestigian y una inclinación de las autoridades educativas a pensar de que las estadísticas ponen en entredicho su labor. Y la realidad es que la violencia escolar es un hecho palpable y cuantitativamente preocupante que, como se comprueba cada semana, no sólo afecta a las relaciones entre alumnos, sino que la intimidación y la agresión se extienden también al profesorado. Iniciativas como la de la Fiscalía de Menores de Vizcaya, reclamando para sí la responsabilidad en todos los casos de supuesto acoso, agilizando la comunicación de los centros y de la propia Consejería de Educación, es un paso correcto y valioso si de verdad se quiere afrontar en toda su dimensión el problema. El hecho de que estudiantes vascos tengan que recibir escolta policial y que contra otros se hayan dictado órdenes de alejamiento muestra hasta qué punto es imprescindible que la Justicia intervenga y aplique la Ley del Menor en todas sus potencialidades, sin regatearle los recursos, policiales y administrativos, necesarios. Cualquier tipo de acoso exige una intervención inmediata, porque cada minuto de dilación es una carga insoportable de sufrimiento. Es inadmisible que muchos escolares reciban humillación y violencia donde deberían encontrar pautas de convivencia y de tolerancia.
