«Los padres suelen venir aquí cuando ya no pueden más, cuando ya no pueden controlar la situación. Nos dicen 'lo he probado todo, incluso tratamientos psicológicos y no hay forma. ¿Qué hago con mi hijo?'». Manuel Pedreira, uno de los tres fiscales de Menores que trabajan en Vitoria, describe así la impotencia y la angustia de las familias que acuden a la Fiscalía a denunciar los malos tratos físicos y psíquicos que les infligen sus vástagos. Un fenómeno que crece de forma incesante en Álava y que preocupa a la Administración de Justicia. No en vano, los 23 expedientes judiciales abiertos a adolescentes por esa causa en lo que va de año duplican prácticamente los registrados en el conjunto de 2005, doce en total.
Ya el pasado mes de marzo, la Policía Municipal de Vitoria lanzaba un claro mensaje de alerta sobre el aumento de padres maltratados y aseguraba a EL CORREO que el número de denuncias tramitadas por ellos en el ejercicio anterior superaba el doble de las seis contabilizadas a lo largo de 2004.
Y ello a pesar de que, según Pedreira, se trata de un problema que la mayoría de las veces «se vive de puertas adentro». «A los padres no les resulta fácil asumir que son víctimas de sus propios hijos y la denuncia suele ser su último recurso», agrega.
Como una causa penal
Cuando un caso de esas características llega a la Fiscalía de Menores lo primero que hacen los profesionales es analizar si existen indicios de delito. En caso afirmativo, detalla Manuel Pedreira, «se incoa un expediente y se trata como cualquier procedimiento penal». Por tanto, puede terminar en absolución, archivo o imposición de algún tipo de 'castigo', lo que se llamaría pena en la jurisdicción de adultos.
Antes de esos posibles desenlaces jurídicos, el supuesto maltratador declara asistido por un abogado, el médico forense elabora un informe tanto sobre él como sobre las presuntas víctimas y un equipo técnico compuesto por psicólogos, educadores y trabajadores sociales proponen medidas cautelares a la espera de que se decida si el caso acaba o no en juicio.
La libertad vigilada, la prohibición de acercarse a los padres, la residencia con otro grupo familiar -siempre bajo control judicial- y el internamiento en un centro de reforma figuran en el catálogo legal disponible. Y se pueden imponer durante tres meses, prorrogables a otros tres.
Si se llega a juicio, el equipo técnico evalúa la situación del adolescente y sus necesidades psicológicas y educativas - «buscando siempre el beneficio del menor»- e informa al juez sobre la 'pena' más adecuada al caso. «El internamiento es la más extrema y, al igual que la libertad vigilada, dura el tiempo que se establezca en la sentencia», añade el fiscal.
Pero, ¿qué ocurre si los padres se echan atrás y deciden retirar la denuncia? «Por principio legal, ningún procedimiento se puede paralizar porque se trata de un delito de carácter público que se persigue de oficio. En cualquier caso, la Ley del Menor establece la posibilidad de conciliación y reparación», explica Manuel Pedreira.
Solución extrajudicial
En esos supuestos, el menor se compromete a realizar actividades educativas, tratamientos e incluso trabajos para la comunidad, siempre bajo supervisión del juez. «Se trata de una solución extrajudicial que, muchas veces, resulta más efectiva, ya que permite reconducir las relaciones familiares. No hay que olvidar que el menor que ejerce una violencia familiar carece de una formación adecuada y no puede canalizar sus impulsos», señala el propio fiscal Pedreira
Ningún entorno social se libra de esa lacra. Pero sí existen «puntos de coincidencia» en los adolescentes que maltratan a sus padres. «En sus familias suele existir un conflicto subyacente no resuelto. El menor no ha recibido pautas de autoridad, no sabe cómo canalizar las diferencias que tiene con sus progenitores y siempre recurre a la violencia», detalla Pedreira.
Desde su punto de vista, es necesario dar al adolescente la posibilidad de «solventar ese conflicto». Y para ello, «hay que utilizar todos los recursos educativos, psicológicos y sociales disponibles», recalca.
Manuel Pedreira no es partidario de abrir pisos o centros específicos para menores maltratadores, tal como se ha llegado a plantear en Vizcaya para no mezclarlos con otro tipo delincuentes juveniles. «Eso podría estimagtizarles», apunta, antes de insistir en la importancia de la educación.
