El Departamento de Justicia del Gobierno vasco asegura que los auxiliares de servicios que van a ser contratados para trabajar en los accesos a los edificios judiciales y centros de menores de Euskadi realizarán «exclusivamente» el «seguimiento de las cámaras de circuito cerrado de televisión» y, en ningún caso tendrán «contacto con el público» ni desarrollarán «funciones reservadas por la legislación a los vigilantes de seguridad», tras la denuncia de los sindicatos CC OO y UGT a este periódico.
La consejería de Joseba Azkarraga está a punto de asignar por concurso público a una o varias empresas los servicios de seguridad y auxiliares para los juzgados vascos. Las centrales criticaron que se equipare en el pliego de condiciones ambas figuras, cuando los controladores carecen de formación. «En las plicas se dice que acompañarán, harán los informes y estarán con los vigilantes; es más, llevarán el mismo uniforme y material. Además, si los auxiliares sólo van a ver cámaras, qué harán entonces por la noche», se preguntó ayer José Luis Aparicio, secretario de organización de la Federación de Servicios de UGT.
Justicia afirmó ayer en un comunicado que no se reducirá el montante económico ni el número de efectivos y que se mantendrán los «actuales criterios de seguridad», además de contar con la colaboración de la Ertzaintza.
El Departamento defiende la «legítima crítica sindical», aunque entiende que «cuestionar públicamente un asunto tan importante y sensible como la seguridad en este país, supone, cuando menos, una falta de responsabilidad». Para cualquier discrepancia, invita a las centrales a que la planteen en las «vías legales de impugnación» y no «en los medios de comunicación».
