Hay personas sin familia próxima que viven y mueren sin amigos y, si los tenían, no se acordaron de ellos como herederos. Además, tampoco se inclinan por hacer testamento para, una vez fallecidos, legar sus bienes a alguna institución o asociación a la que tuvieran cierto aprecio. Estas situaciones no son habituales, pero se producen cada cierto tiempo y obligan al Estado a intervenir con el único fin de dar «una utilidad social a un patrimonio que, de lo contrario, puede acabar en manos de aprovechados», explica el secretario general de la Delegación de Economía y Hacienda en Álava, Ángel Abaitua.
Entre otras misiones, este funcionario del Estado es el encargado de hacer el seguimiento de los alaveses solitarios que se fueron de este mundo sin decir por escrito a quién dejaban sus pertenencias, por pocas que sean. ¿Pero cómo se conocen estos casos? Salvo que la persona muera en alguna residencia u hospital y que los responsables de estos centros comuniquen sus sospechas de inexistencia de testamento, «no es fácil» conocer estas situaciones.
Aunque la legislación establece una compensación del 10% de la herencia para la persona que comunica este tipo de decesos, lo cierto es que en la última década la Hacienda estatal sólo ha tenido conocimiento de dos casos por este método.
Por ello, los empleados de este organismo rastrean hasta la última línea de las esquelas en las que no aparecen parientes. Además, cada cierto tiempo «hacemos un barrido en los registros civiles, cementerios y empresas funerarias para conocer si se han producido situaciones de éstas», detalla Abaitua.
La investigación, aunque ardua, da algunos frutos. Prueba de ello es que, a principios de año, varias ONG de la provincia se van a repartir 514.417 euros. Esta cantidad de dinero procede de siete herencias de alaveses que se fueron para siempre sin testar.
Las organizaciones que se repartirán estos 85,6 millones de las antiguas pesetas están aún por determinar. «Se hace una convocatoria a las asociaciones para que presenten sus necesidades», detalla Abaitua. La entidad encargada de realizar la distribución del dinero es, según establece la ley, la Junta Provincial de Distribución de Herencias, que preside el delegado del Gobierno.
Proceso largo
Antes de convertir en dinero los bienes, ha tenido lugar un farragoso procedimiento judicial conocido por el latinismo 'abintestato'. En los casos más sencillos, dura al menos un año, pero puede prolongarse hasta cinco. Una vez que finaliza la tramitación, es cuando se pueden repartir los bienes.
Hasta 2001, las propiedades se distribuían entre las instituciones públicas dedicadas a asuntos sociales, pero desde hace cinco ejercicios, son las ONG las destinatarias. En los últimos años, 20 organizaciones se han hecho con un dinero extra que, en general, han dedicado a comprar, reformar o equipar sus sedes.
Mientras Ángel Abaitua espera que los bienes de siete alaveses sirvan para una función social, ya tiene sobre la mesa otros trece expedientes para investigar. De ellos, siete corresponden a personas que pasaron los últimos años de su vida en el hospital psiquiátrico. El responsable de la Hacienda asegura que hacerse cargo de las posesiones de estos fallecidos no es un problema. «Lo que impresiona es que haya gente que se muera sola, sin ni siquiera un amigo al que dejarle lo que tiene».
