El abogado Iñigo Iruin aseguró ayer que si la Fiscalía de la Audiencia Nacional es «coherente» con el criterio interpretativo que llevó al fiscal Miguel Ángel Carballo a solicitar el archivo del 'caso Egunkaria', el resto de sumarios abiertos contra la izquierda abertzale deberían seguir el mismo camino.
Iruin compareció ayer en Andoain, junto al también letrado José María Elosua y a seis de los siete procesados en este caso, Juan Mari Torrealdai, Xabier Alegría, Xabier Oleaga, Martxelo Otamendi, Iñaki Uria y Txema Auzmendi, para valorar la petición del fiscal Carballo de sobreseer la causa al no existir ni una prueba «ni indicios sólidos suficientes» que acrediten la vinculación del diario con ETA.
El letrado subrayó que «por primera vez la razón jurídica se ha impuesto a la razón de Estado, que fue la que puso en marcha todo el operativo contra Egunkaria», debido a que, en su opinión, se ha profundizado en el análisis de la documentación aportada por la Guardia Civil y la Policía Nacional para investigar el caso.
Presunción de culpabilidad
Iñigo Iruin destacó que el fiscal llega a señalar que la fase de instrucción se ha sustentado en conjeturas y no en pruebas. Asimismo, sostuvo que los mismos informes que sirven al juez Del Olmo para imputar pueden ser interpretados a favor del acusado como dice la ley. «La lógica valorativa que han seguido la Guardia Civil y el instructor respecto a los documentos es ilógica, irrazonable y contraria al reo», explicó. «Se ha actuado con criterios de presunción de culpabilidad y no de presunción de inocencia», añadió.
En este sentido, denunció que habitualmente tanto la Fiscalía como los jueces «asumen» de forma «acrítica» documentos que incauta y valora la Guardia Civil y la Policía Nacional. Una dinámica que «por primera vez» ha roto el fiscal Carballo, cuyo escrito, a su entender, «debería tener mayor alcance y trascendencia», porque si estos criterios de interpretación «se trasladan a otros sumarios abiertos contra estructuras de la izquierda abertzale nos llevarían a la misma conclusión». Por ello, pidió al fiscal Enrique Molina que «utilice los mismos criterios en el sumario 18/98» y que sea así también en otros juicios pendientes como los de Gestoras, Askatasuna, Udalbiltza o Batasuna.
Iruin estimó que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no se debería abrir juicio oral por el 'caso Egunkaria', ya que el fiscal ha solicitado el sobreseimiento y no se ha personado acusación particular, sino sólo acción popular que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia.
En este contexto, el ex presidente del consejo de administración de Egunkaria Juan Mari Torrealdai calificó el pronunciamiento del fiscal como «altamente satisfactorio», porque reconoce que «no había delito y que nunca debió de existir el 'caso Egunkaria'». Una tesis que, en sus palabras, llega «con cuatro años de retraso» y con algunas consecuencias personales, empresariales y comerciales «irreparables».
Torrealdai expresó su deseo de que el informe del fiscal suponga el «inicio» de un cambio de actitud de la judicatura y que su criterio se aplique en «todos aquellos casos que tienen la misma matriz acusatoria» que el suyo. En su opinión, el texto de la Fiscalía demuestra que en la acción judicial había un «evidente e indisimulado impulso político que busca la judicialización y criminalización de la política -hemos visto que el acoso llega hasta el PSOE-, sociedad y cultura vascas».
La dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia, por su parte, afirmó en Bilbao que la petición de la Fiscalía evidencia que el juicio fue «político», por lo que pidió el archivo «inmediato» de otros procedimientos «políticos» que se encuentran en la Audiencia Nacional.
