Alrededor de 150 juristas han suscrito un manifiesto en el que exigen la derogación de la Ley de Partidos y el acercamiento de los presos «en cumplimiento de la legalidad vigente». Entre los firmantes del documento, que proximamente será remitido a José Luis Rodríguez Zapatero, a Juan José Ibarretxe, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, está el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo.
Impulsado por la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, el manifiesto 'Iniciativa jurídica por la defensa de un proceso de paz' cuenta ya con el apoyo de cinco entidades más y 150 personas del ámbito jurídico como magistrados, abogados, catedráticos y profesores de derecho.
El texto fue presentado en una rueda de prensa en Barcelona por el propio Jiménez Villarejo, quien apostó por «la recuperación de la legislación ordinaria penal y administrativa» ya que «no puede aplicarse la Ley de Partidos en un contexto radicalmente distinto al de 2002».
El informe realiza una petición a todos los jueces para que «se enmarquen en la jurisprudencia consolidada y en el sentido común y no constituyan interpretaciones dirigidas a obstaculizar el proceso de paz en general y la reinserción en particular».
Según Villarejo, existen incoherencias y acciones partidistas en la jurisprudencia. Como ejemplos puso la liquidación patrimonial de las herriko tabernas por una supuesta vinculación con Batasuna.
Respecto a la política penitenciaria, el ex fiscal anticorrupción se preguntó cómo, tras más de tres años sin asesinatos por parte de ETA, «no ha habido un gesto del Gobierno para acercar a los presos al País Vasco». Para el ex fiscal, «no se trata de una concesión, sino una aplicación de la legalidad», ya que tanto la legislación nacional como internacional exige que los detenidos estén cerca de sus hogares.
Momento delicado
Para Jiménez Villarejo, el proceso atraviesa un momento delicado. En su opinión, «poco se ha avanzado, si no se ha retrocedido» en las negociaciones. El antiguo fiscal consideró que algunos de estos obstáculos son la kale borroka, el robo de armas en Francia atribuido a ETA, la actitud persistente de Batasuna de no condenar la violencia y «la falta de acciones por parte del Gobierno para favorecer el diálogo».
Por su parte, el presidente de Res Publica (agrupación vasca de juristas ), Patxuko Abrisketa, instó a Jose Luis Rodríguez Zapatero, a Arnaldo Otegi y a ETA a que trabajen «desde la inteligencia del diálogo», lo que exige «humanidad y reflexión». Abrisketa reclamó al PP que aparque el «cinismo, el cretinismo y la descalificación» de su actitud frente al proceso de paz e instó a los jueces a «no querer ser protagonistas y a no entrometerse en un ámbito que no les compete».
