El Gobierno salió ayer en defensa de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que solicitó el sobreseimiento de los procesados en el caso del diario 'Egunkaria' por no encontrar «indicio suficiente de criminalidad» ni pruebas de que mantuvieran una presunta relación con ETA. El PP rechazó la actuación del Ministerio Público y consideró que es una muestra de que el Ejecutivo «está arrodillado ante la banda terrorista para vergüenza de todos los españoles».
El ministro de Justicia rechazó las imputaciones del partido opositor sobre los cambios de posición del fiscal en el proceso a los responsables del rotativo. Juan Fernando López Aguilar precisó, en la sesión de control al Gobierno, que la labor del Ejecutivo no es «respaldar» a la acusación pública sino «respetar» su labor. Señaló que la Fiscalía adoptó esa decisión porque dijo no tener «prueba bastante» de que los directivos de 'Egunkaria' formaran parte del aparato de ETA, como sostuvo en un principio el Ministerio Público.
López Aguilar pidió al PP que no haga juicios previos y deje resolver al Poder Judicial porque la petición debe ser resuelta por el tribunal y cabe la posibilidad de que sea desoída o aceptada. El ministro emplazó también a los populares a que «acaten con sinceridad» las reglas del juego democrático, ya que las invocan, pero «no las profesan ni practican».
La diputada del PP Ana Belén Vázquez rechazó los argumentos del titular de Justicia y consideró que la decisión de la Fiscalía implica que acata «las exigencias» de ETA. Señaló que no se trata de una decisión aislada porque, desde que entró en vigor el alto el fuego, ha solicitado rebajas de las peticiones de fianza para dirigentes de Batasuna y reducción de las peticiones de condena para etarras.
La posición de la acusación pública en el caso del rotativo, añadió la parlamentaria opositora, constituye «un espectáculo lamentable». Vázquez consideró imprescindible «perseguir el aparato mediático» de ETA como todos los escalones organizativos de la banda terrorista. Pero, sostuvo, no es así y el Gobierno ha preferido hacer «cesiones», una postura que supone «un retroceso de quince años» en la lucha antiterrorista. La diputada del PP indicó que, con este nuevo paso, el Ejecutivo y la Fiscalía «niegan justicia» a las víctimas del terrorismo.
