El colectivo de apoyo a los presos Salhaketa exigió ayer una «intervención política y judicial» para tratar de esclarecer la muerte el pasado sábado de otro recluso en la prisión de Nanclares. El joven vitoriano de 27 años G.T.S. fue encontrado muerto en su celda del penal alavés, donde desde octubre de 2000 cumplía una condena de nueve años por robo.
«No han especificado nada, parece que hubiera fallecido sin más, pero creemos que es una muerte ocultada, que no se debió a motivos naturales y sí a las condiciones de la cárcel», denunció el portavoz de la agrupación, César Manzanos.
A su juicio, los problemas de la prisión alavesa «empeoran. No se cumple la legalidad y el número de presos con enfermedades mentales graves es elevado». Estas personas, sostuvo Manzanos, «carecen de diagnóstico y tratamiento, pero sí hay un uso abusivo de psicofármacos. Es fácil falsear la información para que no se demuestre que las dosis son tan elevadas».
El colectivo asegura estar «harto de enterrar a la gente y de que no se haga nada. Queremos esclarecer lo ocurrido». Manzanos, para quien estas muertes «podrían evitarse con la aplicación de la legalidad vigente», detalló que ya son 23 los reclusos fallecidos en los dos últimos años en centros penitenciarios del País Vasco y Navarra.
Ahorcado en Martutene
Esta cifra incluye al preso saharaui muerto el 16 de diciembre en Martutene. El interno apareció ahorcado en su celda, donde estaba en aislamiento, después de tres intentos previos de suicidio. «Vamos a denunciar en los juzgados esta medida, totalmente contradictoria para un reo con sus antecedentes», criticó Manzanos.
Asimismo, el colectivo remitirá a las autoridades judiciales donostiarras una carta escrita por el compañero del fallecido. «Los hechos pueden constituir una infracción penal: la misiva detalla cómo se desangró de un corte en el cuello. Un funcionario lo vio y volvió media hora más tarde, cuando ya había muerto», zanjó.
