Nuevo varapalo al Gabinete Alonso por su gestión de la polémica promoción de chalés bioclimáticos de Ibaiondo. El Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco) hizo público ayer un informe en el que sostiene que el equipo municipal de gobierno del PP actuó de una manera «inadecuada» al permitir a través de un procedimiento «viciado de nulidad» que la empresa Opacua cobrara un sobreprecio de 54.000 euros a cada uno de los 24 adjudicatarios de las casas, elegidos por sorteo. Ello reportó a la firma unos ingresos 'extra' de 1,3 millones de euros.
Este dinero, según la institución que dirige Íñigo Lamarca, debe ser devuelto a los residentes, porque se trata de cantidades «indebidamente percibidas» por la firma constructora. En este sentido, el defensor de los derechos de los ciudadanos deja abiertas dos posibles vías para que los 24 jóvenes que han adquirido los chalés puedan recuperar el sobreprecio que se vieron obligados a abonar si no querían perder el chalé. En primer lugar, el Ararteko insta al Ayuntamiento a que exija a la empresa la devolución de los 54.000 euros cobrados de más a cada propietario. Si no lo hace, resuelve que debe ser la propia Administración local la que corra de forma subsidiaria con este gasto, en forma de «indemnización» por los perjuicios causados.
Cese en la Agencia
El contundente pronunciamiento del Defensor del Pueblo Vasco -que ha intervenido en el caso a petición de dos de los 24 adjudicatarios- no se detiene ahí en su tirón de orejas al Gabinete Alonso. En su informe hace constar de forma expresa la «falta de colaboración» apreciada en la Agencia de Renovación Urbana, la sociedad municipal encargada de los sorteos de viviendas que presidió hasta mediados de diciembre el concejal del PP Jorge Ibarrondo -cesado por la oposición, precisamente, por esta polémica-. Tras meses de intentos por conseguir el expediente completo y poder analizar el caso, Lamarca concluye que la Agencia «ha impedido la resolución del conflicto en una fase -antes de que el sobreprecio se hubiera hecho efectivo con la firma de las escrituras de las viviendas- en la que su intervención o mediación hubiera podido evitar mayores perjuicios a los adjudicatarios de las viviendas de precio tasado».
«Incompetente»
Con su resolución, el Ararteko echa más leña al fuego avivado en torno a este asunto en los últimos meses por la oposición, que acaba de propiciar la creación de una comisión de investigación sobre el caso. También el Síndico se pronunció en términos similares el pasado 20 de diciembre.
En esencia, la oficina de Íñigo Lamarca confirma de alguna forma las sospechas de PNV, PSE, EB y EA. El gobierno municipal del PP, a través del director responsable del área de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María -ex dirigente de UA-, modificó al alza de forma unilateral el precio al que se debían vender los chalés de promoción pública, una cantidad próxima a los 250.000 euros, según había acordado el pleno municipal en noviembre de 2002. El incremento se autorizó a través de una 'nota informativa' dirigida por Sáenz de Santa María a Opacua el 22 de julio de 2003, en la que se permite a la firma incrementar en 54.000 euros el precio de cada casa para cubrir el coste de las «instalaciones bioclimáticas» que debía incorporar cada vivienda.
«Este razonamiento no se sostiene», indica taxativo Lamarca. El defensor recuerda que, desde el inicio, «el coste de esas instalaciones ya estaba incluido» en el precio original marcado por el pleno municipal.
El Ararteko aborda también la forma en la que se autoriza el sobreprecio y es igualmente tajante: «La 'nota informativa' incurre en un doble vicio de nulidad», explica. «Ha sido dictada por un órgano manifiestamente incompetente» (el director de Urbanismo) y se emitió, agrega, «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». Si fue el pleno quien marcó el precio de las viviendas, viene a decir, es este mismo órgano el único que puede modificarlo. «Es una prerrogativa -aclara- que sólo hubiera correspondido al pleno».
Para Lamarca, es este órgano de gobierno el que debería «por iniciativa propia» declarar «de oficio la nulidad de la 'nota informativa'» y «exigir a la empresa» la devolución del sobreprecio.
