El informe del Ararteko resalta el farragoso proceso de escritos, llamadas y reuniones que ha debido seguir su oficina para conseguir la documentación necesaria para poder evaluar el caso de los chalés de Ibaiondo. Íñigo Lamarca llega a explicar en su informe que tuvo que recurrir a un ultimátum para conseguir una copia del contrato sellado entre el Ayuntamiento y la empresa Opacua, que se hizo con el solar para los unifamiliares por concurso. Ni aún así lo consiguió. Su homólogo en Vitoria, el Síndico-Defensor Vecinal, ya tuvo que emitir en diciembre un segundo informe sobre este caso dado que el primero se había elaborado en base a un expediente «incompleto» que le había sido facilitado por Urbanismo.
El Ararteko detalla con una minuciosidad inusual el rosario de escritos que intercambió con el equipo de gobierno y la Agencia de Renovación Urbana -entonces dirigida por Ibarrondo (PP)- para formarse una opinión sobre el caso ante las quejas de dos de los 24 adjudicatarios. La primera demanda de información la envió el 13 de julio de 2006; la contestación, quince días después, «no aporta datos relevantes», por lo que reiteró su demanda en septiembre.
En octubre, ante la falta de respuesta y la proximidad de la escrituración de las casas, se reúne con los responsables de Urbanismo para tratar de esclarecer el motivo del sobreprecio, sin avances. Y así hasta diciembre, a excepción de la copia del contrato entre Alonso y Opacua, que aún no le ha llegado.
