Los cuatro partidos de la oposición en Vitoria, PNV, PSE, EB y EA, no ahorraron ayer calificativos ante la respuesta del equipo de gobierno de Alfonso Alonso al informe del Ararteko, «que viene a ratificar lo que venimos denunciando desde hace meses», coincidieron. Para los grupos, los sucesivos análisis «objetivos» primero del Síndico y ahora del De- fensor del Pueblo Vasco no hacen sino confirmar la existencia de «ilegalidades manifiestas», de «indicios de irregularidades que se superan día a día» y de «una crisis institucional sin precedentes», en palabras del portavoz peneuvista Mikel Martínez.
Para el líder de la formación jeltzale, el Ayuntamiento de Vitoria está «ante una situación crítica que hace necesario tomar decisiones importantes», avanzó, sin más detalle. Consideró probado que «se han vulnerado acuerdos plenarios y se ha producido una alteración intencionada del precio de los chalés sin ninguna justificación». «El Ararteko resuelve que la empresa debe devolver el dinero, luego está claro que se enriqueció indebidamente», apostilló.
El socialista Patxi Lazcoz valoró que «el Ararteko ha desmontado todos los argumentos del PP y de Alfonso Alonso, porque a él no le pueden acusar de buscar un interés electoral», enfatizó.
«Vergonzoso»
A juicio del portavoz del PSE, «lo más grave» es lo que se refiere a las trabas puestas por el equipo municipal ante la demanda de documentación de la oficina de Íñigo Lamarca, que el ombudsman vasco reflejó con minuciosidad en el informe revelado ayer. «No es normal que el Ararteko haya tenido que dedicar más tiempo a conseguir el expediente del caso que a analizarlo. La resistencia del PP a entregar los documentos ha sido gravísima», indicó.
El nacionalista Martínez se sumó también a esta crítica a los populares. «Ha existido una obstrucción manifiesta por segunda vez. Hace pocas semanas, el Síndico ya denunció que se le entregó un expediente incompleto, por lo que se vio obligado a emitir un segundo informe sobre este caso», recordó.
José Navas, de Ezker Batua, anunció que su grupo solicitará un informe al máximo órgano jurídico para ver las posibilidades de «restablecer la legalidad en esta actuación», que ha sido «vulnerada», a su juicio, por el área de Urbanismo «con el consentimiento de Alfonso Alonso». La valoración del PP, «negándose a devolver el dinero cobrado injustamente a los adjudicatarios de las viviendas, es incomprensible y vergonzosa», dijo.
Antxon Belakortu, único edil de EA, auguró que «este asunto acabará en los tribunales». Calificó la actitud del equipo de gobierno y del director de Urbanismo de «huída hacia adelante».
