El PNV está dispuesto a utilizar todas las armas a su alcance para detener la venta de tres parcelas de la plaza de Euskaltzaindia de Lakua, frente al Gobierno vasco. El Gabinete Alonso las ha sacado a concurso para oficinas y un hotel, pero este plan «impide», aseguró ayer el portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Mikel Martínez, el proyecto de nacionalistas y socialistas de levantar ahí un Palacio de Congresos y Auditorio si gobiernan en el futuro.
Martínez aseguró ayer que el proceso de enajenación es «ilegal» por varias razones. De un lado, porque el precio marcado por los servicios técnicos -9,8 millones de euros por los tres solares- es, a su juicio, 16 millones más barata del que debiera haber sido en función de su valor catastral, que según sus datos asciende a 25 millones. «Es un malísimo negocio para la ciudad», valoró.
De otro, porque la venta de suelo debe hacerse «de acuerdo con el presupuesto municipal». «Y en el de 2006 no figura, mientras que desconocemos el proyecto de cuentas para 2007», aclaró. En tercer lugar, Martínez también interpretó que la venta de las parcelas incumple la Ley del Suelo, ya que los ingresos que se obtengan de ese proceso «no se adecúan a los que marca la legislación».
«Se confunden»
Por todo ello, el portavoz del PNV anunció que interpondrá antes del día 22 «un recurso de reposición» contra la decisión ante la Junta de Gobierno Local. Si es desestimado, «como parece probable», dijo, «acudiremos a los juzgados de lo Contencioso Administrativo y solicitaremos la paralización cautelar del proceso de venta».
La réplica del PP no se hizo esperar. A través de un comunicado, el teniente de alcalde Javier Maroto, acusó a Martínez de «confundir» la tasación de las parcelas, «que ha sido realizada por el jefe de la Unidad de Valoraciones del Departamento de Urbanismo». «El precio que da Martínez corresponde a la valoración del suelo como residencial, cuando en realidad son parcelas terciarias», defiende Maroto.
«Es lamentable que el portavoz del PNVse atreva a cuestionar el trabajo realizado con total independencia por un técnico de la casa, por no hablar de lo bochornoso que resulta que no haya aprendido a distinguir el suelo residencial del terciario», incide Maroto.
El PP apunta en su nota que, además, el técnico municipal explica en su informe que «este valor -los 9,8 millones totales- es muy superior a los precios de mercado».
