El alcalde, Alfonso Alonso, tiene ya sobre su mesa la reclamación de los 24 adjudicatarios de los polémicos chalés de Ibaiondo, que le exigen una indemnización de 1,3 millones de euros. Se trata exactamente del «sobreprecio» que los afectados tuvieron que pagar a la empresa Opacua -54.000 euros cada uno- de forma «indebida» por lo que consideran un «funcionamiento anormal» de la Administración municipal, según dice el texto tramitado por su abogado, Javier Martínez de San Vicente.
Los adjudicatarios de las casas, que han encontrado dos firmes apoyos jurídicos en los recientes informes del Síndico y el Ararteko -ambos favorables a sus intereses y muy críticos con la actuación del Gabinete Alonso-, reproducen en su escrito de demanda los argumentos dados por ambas instituciones de control. De un lado, exigen la «nulidad» de la 'nota informativa' emitida en 2003 por el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, un escrito por el que autorizó a la constructora Opacua a cobrar 54.000 euros más por cada chalé, en contra del criterio del pleno municipal. Como es sabido, la firma promotora acabó exigiendo 304.000 euros por vivienda a cada comprador designado por sorteo -«bajo amenaza verbal de que perderían sus adjudicaciones», dice el letrado- en lugar de los 250.000 euros que había previsto la Corporación en los sucesivos documentos aprobados por el pleno.
Una vez dictada esta nulidad, prosiguen los afectados, reclaman que el Ayuntamiento exija a la empresa la devolución de las cantidades «indebidamente cobradas», una expresión utilizada de forma literal por el Ararteko en su análisis del caso. No obstante, «y mientras no se produzca lo anterior», los dueños de los chalés exigen que el Ayuntamiento se haga cargo de la indemnización correspondiente. «La relación de causalidad entre el acto del agente (la 'nota informativa') y el daño producido (el sobreprecio) genera la obligación de indemnizar», defiende Martínez de San Vicente en el escrito que deberá analizar el Gabinete Alonso. «No existe deber jurídico de soportar este daño, ninguna normativa obliga a ello», enfatiza. Por ello, los afectados demandan a través de su representante legal la apertura de un procedimiento de responsabilidad patrimonial que concluya con la restitución a los adjudicatarios de las cantidades que se les solicitaron de forma «indebida».
«No era competente»
Los propietarios de las viviendas ven con «claridad» que el origen de la polémica se centra en la decisión del director de Urbanismo de «modificar unilateralmente al alza» el precio de las casas a través de la citada 'nota informativa, emitida por Sáenz de Santa María en respuesta a la aclaración solicitada por la empresa. «Es un acto nulo de pleno derecho por haberse dictado por un órgano manifiestamente incompetente y por haberse emitido prescindiendo total y absolutamente del procdimiento legal establecido». Una argumentación similar forma parte de los escritos de conclusiones del Ararteko y del Síndico.
Los afectados confían en que el Ayuntamiento sea receptivo a sus demandas, pero advierten de que no se quedarán de brazos cruzados en caso contrario. Si el recurso no prospera, acudirán a los tribunales a través de un contencioso administrativo para intentar recuperar su dinero.
La Corporación iniciará mañana la investigación de este caso y de otra «irregularidad» relacionada con una promoción de chalés en Ali. En la primera sesión se escuchará a los arquitectos que diseñaron las viviendas.
