La comisión municipal que investiga las presuntas «irregularidades» urbanísticas detectadas por la oposición en dos expedientes relacionados con la construcción de chalés en Vitoria arrancó ayer a puerta cerrada. El proceso se inició con la comparecencia de los arquitectos de los unifamiliares de Ali, una promoción polémica porque el Gabinete Alonso autorizó siete adosados en una parcela donde, según los informes técnicos, sólo podían edificarse seis.
Los profesionales contratados por la constructora Salgado Iglesias, Alejandro Díaz de Tuesta y Ramón y Ramón Aldea, se sometieron a las preguntas de los partidos, aunque exigieron que los informadores no pudieran acceder a la sala. Según lo trasladado después por los diferentes portavoces políticos, ambos ratificaron el proceso administrativo que consta en el expediente y que ha suscitado las dudas de la oposición. Esto es, que Salgado Iglesias solicitó licencia para siete chalés en 2003, que le fue denegada en primera instancia por el departamento de Urbanismo porque preveía siete chalés en una parcela inferior a 2.000 metros cuadrados, cuando en ese espacio sólo pueden edificarse seis, de acuerdo a las ordenanzas a aplicar.
Medida de la parcela
Las alegaciones de la empresa también fueron denegadas, pero meses más tarde, y con «idéntico proyecto» -como confirmaron los arquitectos-, obtuvieron la licencia pese a los informes en contra. Algo que los profesionales consideraron «normal» y «frecuente», según trasladó después el representante del PP Javier Maroto.
Los comparecientes poco más pudieron aclarar a los corporativos, que esperarán a la presencia en comisión de los responsables de la empresa y de los dirigentes de Urbanismo para intentar descifrar «por qué se deniega un proyecto en dos ocasiones y, en una tercera, se autoriza la licencia aun con informes en contra», subrayó el socialista Juan Carlos Alonso. «Jorge Ibarrondo, el concejal de Urbanismo, tendrá que comparecer -agregó- y explicar por qué fue tan permeable a los intereses de la empresa».
Los arquitectos alegaron que Salgado Iglesias dispone de un documento catastral donde se otorga a la parcela una superficie de 2.012 metros, aunque diferentes análisis técnicos han reducido esa extensión a 1.948 metros cuadrados. También mostraron un documento donde se autoriza la construcción de las viviendas y que, en opinión del PP, «es un aval de que todo el proceso anterior se ha hecho con corrección». La investigación proseguirá la próxima semana.
