Viernes, 26 de enero de 2007
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ÁLAVA
El Supremo niega derechos urbanísticos a Renfe por su suelo junto al tren en Salburua
Exigía al Ayuntamiento terrenos para viviendas a cambio de sus propiedades en el nuevo barrio del este de la ciudad
El Supremo niega derechos urbanísticos a Renfe por su suelo junto al tren en Salburua
Las vías del tren, a su paso por José Erbina. / IGOR AIZPURU
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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Renfe por el que exigía al Ayuntamiento de Vitoria las plusvalías derivadas de la expansión urbana de la ciudad y que se está produciendo a escasos metros de sus vías. En concreto, esta demanda hace referencia al sector 9 de Salburua, bautizado como Santo Tomás.

La compañía ferroviaria es propietaria de las franjas de terrenos -de 13,30 metros de ancho- situadas a ambos lados de los raíles. Este suelo, de dominio público, está adscrito al servicio ferroviario. En el caso de Santo Tomás, la suma de esa superficie alcanza los 2.550 metros cuadrados. En torno a ellos, el Consistorio está alumbrando el nuevo barrio de Salburua. Renfe, a través de la entidad Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), considera que tiene derecho a una serie de aprovechamientos urbanísticos, al igual que cualquier otro propietario de suelo. Dicho de otros modo, reivindica terrenos residenciales.

Sin embargo, el Supremo no lo cree así. En su fallo, que no admite recurso alguno, comparte el criterio de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quienes ya rechazaron la pretensión de Renfe en 2003. De nuevos, los magistrados argumentan que para tener derechos urbanísticos en una nueva zona residencial es preciso aportar suelo.

3.000 euros de condena

Esta exigencia no se da en el caso de Salburua. Según el nuevo fallo judicial, los 2.550 metros cuadrados de la compañía ferroviaria se corresponden en su totalidad con la franja de terreno situada a ambos lados de las vías en Santo Tomás, y considerados de dominio público. La sentencia le condena a pagar al Ayuntamiento los 3.000 euros que la institución municipal ha tenido que gastar en defender su posición.

Este es uno de los siete recursos de casación que la firma estatal ha interpuesto contra el Consistorio por otras tantas zonas en expansión de la capital alavesa. El Gabinete Alonso confía en que los seis fallos restantes también den la razón a Vitoria.

 
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