Es muy difícil predecir cuáles serán las repercusiones sociales de la decisión de la Audiencia Nacional sobre el mantenimiento del actual estatus de Iñaki de Juana y de su negativa a que sea trasladado a su domicilio, porque las predicciones son difíciles. Probablemente la decisión está ajustada a derecho, no tengo elementos de juicio. Sin embargo, sí tengo elementos de sospecha. Con frecuencia cada vez mayor me sucede que me asusta todo aquel que comienza un argumento basándose en la necesidad de que imperen la ley y el Estado de Derecho, argumento con el que por principios coincido. Me suelo asustar porque creo que pretenden dármela con queso, que la decisión que van a adoptar o que sustentan está en los límites del Estado de Derecho, en ese ámbito ni legal ni ilegal, sino alegal, muy cercano a veces de los territorios de la venganza.
Por todo ello, estimo que la decisión, independientemente de mi opinión sobre Iñaki De Juana y su huelga de hambre, es socialmente mala, cuando no perversa. La decisión no es parte de la solución, sino del problema. Son muchos los que han decidido que hay que volver a un escenario parecido al de seis o siete años atrás e imposibilitar un acuerdo entre partidos, PNV y PSE, que establezca un consenso básico que permita integrar a medio plazo a la izquierda abertzale en el ámbito democrático. Entre esos muchos, no cabe duda que también participan los jueces, como participan los políticos, periodistas, taxistas, profesores, por ejemplo.
Como cualquier otro sector ideológico, la izquierda abertzale y sus bases adolecen muchas veces de equilibrio en sus apreciaciones. Ante los atentados de ETA solicitan pinceles finos y 'altura de miras' para que no veamos lo que pasa en los subsuelos y aparcamientos y ante las decisiones del Gobierno o del resto del sistema democrático usan la brocha gorda, afirmando que todo es uno, que no existe la división de poderes y que con 'voluntad política' el gobierno de turno puede controlar todos los poderes a su antojo... Decisiones como las de hoy alimentan esta lectura unitarista que en el fondo aleja de la lógica democrática a sus bases, a quienes en el marco de su cultura política es imposible explicar y hacer entender los difíciles equilibrios de poderes que constituyen los sistemas democráticos, y más si cabe en aquellas situaciones en los que los déficits de legitimación son manifiestos, pues como decía el politólogo Juan José Linz «la legitimidad del Estado dentro de sus límites territoriales es una condición previa a la legitimidad de cualquier régimen y es especialmente importante en una democracia que tiene que garantizar las libertades civiles a todos los ciudadanos». ¿Llegará el día en que todo el nacionalismo se sienta alejado de la existencia de un Estado de Derecho en España? Camino llevamos.
No sabremos nunca cuánto de lo que comienza a suceder de nuevo (el 'impeachment' del lehendakari, la decisión de Haika-Segi-Jarrai, y lo que re-sucederá) viene motivado por el precipitante que fue el atentado de Barajas, porque eso es historia contrafáctica, pero desde luego algunas de estas cosas no hubieran sucedido el 29 de diciembre. ¿Estamos realmente hablando de justicia?
