El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dibujó ayer el marco legal en el que la izquierda abertzale y los ex dirigentes de la ilegalizada Batasuna pueden hacer política sin restricciones. Lo hizo en una resolución en la que rechaza interrogar a Arnaldo Otegi por la rueda de prensa que dio tras el atentado de Barajas y en la que señala que el movimiento independentista vasco tiene «todo el derecho (constitucional)» a operar en política con libertad y a organizar los actos que considere oportunos. Tiene como único límite no actuar a través de Batasuna, partido ilegalizado por formar parte de ETA, y de organizaciones suspendidas como Ekin, Gestoras, Askatasuna o Segi.
Idéntico argumento aplica a los ex dirigentes de Batasuna, cincuenta de los cuales están procesados por el juez en el sumario que instruye contra las direcciones históricas del partido ilegalizado por pertenencia a ETA. El magistrado señala que, pese a su procesamiento por estos hechos, «sus derechos políticos y civiles no están limitados».
Estos dirigentes no están contaminados por las imputaciones y son libres de participar en las reuniones políticas que quieran y de hablar en público donde les parezca, siempre que no lo hagan en nombre de Batasuna o en actos promovidos por este partido o por asociaciones ilícitas. «Pueden desarrollar su actividad política sin más límite que la ley y en igualdad de armas que los demás», dice el juez.
Garzón aclara que la causa que instruye en la Audiencia Nacional sólo se dirige contra Batasuna y no contra «una ideología o una opción política determinada», en referencia al independentismo vasco. «Criminalizar las acciones de la izquierda abertzale, por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA es una reducción simplista, una afirmación retórica no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria en esta causa», explica en el auto.
Presunciones y pruebas
El juez considera que la izquierda abertzale es mucho más que Batasuna y que es gratuito afirmar que está controlada por ETA. Considera que no sólo no existen pruebas de que el movimiento independentista haya asumido «de forma mimética» los postulados de Batasuna o se haya puesto «al servicio de la estrategia común de ETA», sino que varias declaraciones realizadas este mes por sus dirigentes se pueden considerar «indicios en contra». Se refiere a las intervenciones de Otegi, Joseba Permach y Rafa Díez Usabiaga en las que anunciaron que se ha abierto un debate en la izquierda abertzale tras el atentado de Barajas y criticaron la amenaza de ETA de reservarse el derecho a volver a atentar si el proceso de paz no avanza a su gusto.
El magistrado explica que si la justicia aceptase sin más este tipo de presunciones sin pruebas, «supondría que la izquierda abertzale, hiciera lo que hiciese, no podría desarrollar la defensa política de sus postulados, que pueden compartirse o no, pero no deben prohibirse, porque ello entraría en el ámbito de una clara extralimitación de la legalidad por parte de la autoridad judicial».
Garzón mantiene que «la presunción de que estas personas (los ex dirigentes de Batasuna), por el solo hecho de estar procesados, cada vez que actúan o intervienen públicamente lo hacen en nombre y representación de la formación suspendida e ilegalizada no está justificada y deberá acreditarse caso a caso». «Lo contrario -concluye- resulta jurídicamente y penalmente inaceptable».
El documento afirma, en definitiva, que «no se puede exigir un plus a quienes con su actividad actual, fuera del marco de Batasuna (...), pretenden estar presentes en el discurso político de la sociedad a la que pertenecen, opción que no se puede limitar desde la jurisdicción penal si no existe materia delictiva».
'Líneas rojas' para todos
El magistrado aprovecha su resolución para dejar claro a las acusaciones ejercidas por Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) que no permitirá que se intente prohibir de forma sistemática cualquier acto de este movimiento por la mera presencia de ex dirigentes de Batasuna, porque tal actuar, además, «eternizaría el curso de la causa», cuya instrucción dura ya más de cinco años. «No se puede controlar la actividad política de un grupo de personas a través de la suspensión reiterada de los actos en que participan», advierte.
Con este argumentario, Garzón rechaza que al menos doce ex dirigentes de Batasuna comparezcan en la Audiencia Nacional para responder por presuntos delitos de desobediencia, quebrantamiento de medidas cautelares o reiteración delictiva, como reclamaban las acusaciones, por participar en ruedas de prensa, manifestaciones o reuniones desde septiembre pasado.
En el caso de Otegi, el juez admite que en la comparecencia habló varias veces en nombre de Batasuna, lo que es ilegal, pero considera que se trata de un hecho «aislado», porque siempre lo hace como portavoz de la izquierda abertzale, por lo que no ve reiteración delictiva grave que justifique endurecer su fianza o encarcelarle.
No obstante, en la parte dispositiva del auto, el juez avisa a estos doce y al resto de los ex dirigentes de Batasuna de que si en el futuro actúan o hablan en nombre del partido ilegalizado serán acusados de desobediencia grave, cometerán una reiteración delictiva y serán citados en la Audiencia Nacional para revisar su situación penal.
La reacción del PP no se hizo esperar. Su secretario general, Ángel Acebes, manifestó que el juez Baltasar Garzón debe ser «el único español que no se haya enterado de que Arnaldo Otegi es el portavoz de ETA-Batasuna, como ha sido ratificado por parte del Tribunal Constitucional».
