La decisión adoptada por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de mantener a Iñaki de Juana Chaos en prisión continuó ayer provocando una cascada de reacciones, que volvió a evidenciar el abismo que separa a socialistas y populares. Tanto el Gobierno central como el PSE-EE se esforzaron en recalcar que «acatan» el auto judicial, pero también dejaron claro que, a su entender, la resolución dictada por este tribunal «no es la más acertada» y que había «otras soluciones», tal y como señalaron el secretario general del PSE-EE, Patxi López, y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cuya dimisión reclamó el PP.
El acuerdo alcanzado por la mayoría de los magistrados que participaron en el debate -doce frente a cuatro- fue asumida por la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Pero más allá de ese respaldo formal que todos se esforzaron en subrayar, brotaron críticas más o menos explícitas hacia una decisión que ha generado un alto grado de incertidumbre y que, en la práctica, sólo ha contado con el beneplácito absoluto del PP.
La resolución judicial cayó como un jarro de agua fría entre las filas socialistas, donde se esperaba una dictamen menos duro. Así lo expuso ayer publicamente Patxi López. El líder de los socialistas vascos sostuvo que la decisión de la Audiencia Nacional «no es la más acertada» porque la prisión atenuada -otra de las opciones que se barajaba y que implicaba el traslado a su domicilio, donde sería vigilado por la Policía- no suponía hacer «ninguna dejación ni cesión a un chantaje», sino ofrecer unas condiciones de reclusión que «podrían evitar una muerte».
López se preguntó qué ocurrirá si, finalmente, el Tribunal Supremo acepta el recurso de De Juana, y advirtió que la izquierda abertzale utilizará «descaradamente» su posible muerte y lo presentará como a un «mártir». En declaraciones a Antena 3, el secretario general del PSE-EE recordó que España es un Estado de Derecho que «no busca la venganza, sino la Justicia».
En una línea similar se expresaron dos de los principales miembros del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que cuando la Justicia «habla», el Ejecutivo «acata y calla». La portavoz del gabinete, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, consideró justificada «la crítica social» que hicieron diferentes dirigentes socialistas al auto judicial, pero precisó que el Gobierno no puede incurrir en ella porque tiene «un plus de responsabilidad» y tiene la «obligación» constitucional de no valorar los fallos de la judicatura.
Sin embargo, el titular de Justicia abandonó de manera sutil este guión oficial y, aun respetando la decisión de la Audiencia Nacional, resaltó que «había otras soluciones con fundamento en Derecho». López Aguilar calificó a De Juana de «asesino aborrecible», pero recalcó que no sería «la primera vez que por preservar el derecho a la vida de un etarra o de un preso en situación de salud grave se contempla alguna otra solución».
«Error»
Unas palabras que fueron criticadas por el PP. Dos de sus portavoces habituales, Gabriel Elorriaga e Ignacio Astarloa, calificaron de «imprudente» y de «error» la declaración del ministro, por lo que reclamaron su «inmediato relevo». Según Astarloa, «la Ley y el sentido común han prevalecido sobre el chantaje de los terroristas».
También arremetió contra López Aguilar el consejero de Justicia del País Vasco, Joseba Azkarraga, quien le responsabilizó de la situación de De Juana. Por su parte, Josu Jon Imaz advirtió de que en la lucha contra el terrorismo es importante «evitar hacer mártires».
