El Gobierno diseñó ayer una ofensiva legislativa para el último año de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, a fin de que el debate político no gire sólo en torno a ETA y la lucha antiterrorista. El plan fue expuesto por el presidente en el Consejo de Ministros, que analizó la decisión de la Audiencia Nacional de mantener en prisión provisional a Iñaki de Juana al estimar que el preso etarra es el «único responsable» del grave deterioro de su salud por mantener la huelga de hambre.
El jefe del Ejecutivo anunció el pasado 29 de diciembre una batería de cuarenta proyectos legislativos para revitalizar la vida parlamentaria, y ayer incorporó «nuevas iniciativas» para el último tramo de la legislatura. En realidad se trata de una mezcla de nuevos y viejos proyectos, como explicó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ya que incluye textos en trámite en el Congreso, entre ellos la ley de Memoria Histórica y la ley de Igualdad, y novedades en materia de derechos ciudadanos.
El Ejecutivo sabe, según fuentes gubernamentales, que el debate sin fin en torno al terrorismo y sus avatares hastía a la ciudadanía y la aleja de la política, porque lo que quiere es la unidad de los partidos para hacer frente a ETA, según se recoge en todos los estudios demoscópicos.
Renuente al consenso
El Gobierno es consciente también de que la recomposición del consenso antiterrorista es una tarea con escasos visos de éxito debido, aseguran las fuentes, a la actitud contraria del PP a rehacer la unidad, salvo que se fundamente en sus puntos de vista. El Ejecutivo apunta como prueba de que el partido opositor se siente cómodo en este debate las cinco proposiciones no de ley que ha presentado en el Congreso para impulsar la ilegalización de EHAK, revocar la resolución del Congreso por la que se autorizó el diálogo con ETA o «impedir la normalización» de Batasuna, entre otras cuestiones.
Estas iniciativas no tienen ninguna posibilidad de prosperar en el Congreso, ya que sólo cuentan con el apoyo de sus promotores, pero absorberán buena parte del debate parlamentario del periodo de sesiones que comienza en febrero, y eso es lo que Rodríguez Zapatero pretende contrarrestar con el impulso de nuevas iniciativas de calado social.
