En respuesta a una carta publicada bajo el título 'VPOs y cochazos', el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco recuerda que todas nuestras actuaciones tienen como meta evitar el fraude en el ámbito de las viviendas protegidas. Para ello se ha implantado una política de inspección que, hasta la fecha, nos ha permitido supervisar más de 18.000 pisos de un parque de 50.000. Nuestro objetivo es conocer la situación de cada uno de ellos para garantizar su uso social, y hemos constatado que el 91% cumple esta función. Se han investigado 2.000 situaciones presuntamente 'sospechosas', más de 140 personas adjudicatarias han sido sancionadas por mantener su piso desocupado o alquilado irregularmente y en ocho casos concretos se ha iniciado el proceso de expropiación. Quien accede a una vivienda protegida sabe que tiene calificación permanente y que nunca podrá venderla en el mercado libre porque para ello necesitaría una autorización del Gobierno vasco. En este contexto se enmarca nuestra propuesta de establecer un canon a las viviendas vacías libres. Creemos que el derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental, y mantener una vivienda vacía es un acto de insolidaridad.
Respecto a los vehículos de más de 12.000 euros que propone gravar, parece evidente que una persona que accede a una vivienda protegida también tiene derecho a tener un coche, y 12.000 euros no permiten comprar un 'cochazo' sino un utilitario. También le diré al autor de la carta que su hipoteca no es responsabilidad del señor Madrazo, sino de una política neoliberal que estamos combatiendo.
