El propósito del Gobierno vasco de instaurar un canon para pisos vacíos ha puesto en evidencia la incapacidad de las administraciones para hacer del alquiler una solución. La iniciativa, que ha encontrado la frontal oposición del PNV, plantea amplias dudas de legalidad y parte de una premisa cuestionable: convierte a todos los dueños de un inmueble sin habitar en potenciales especuladores o, cuando menos, en ciudadanos con un débil sentido social. La realidad es más compleja y la manera de afrontarla va más allá de doblegar a propietarios reticentes. Contra la fórmula del alquiler actúa una arraigada cultura de la propiedad; una inercia social que las administraciones -las promociones públicas son ejemplo- siguen alentando. Existe, además, una manifiesta inseguridad jurídica, como lo demuestra el que el 50% de los contratos de arrendamiento acabe en los tribunales y que los pleitos por alquiler representen el 10% de los trabajos de los juzgados de primera instancia. Y es constatable una 'desconfianza' institucional hacia esta alternativa, que se hace evidente en normas y reglamentos.
Es cierto que las 27.000 viviendas vacías existentes en Euskadi, según datos del propio Gobierno vasco, son un potencial estimable. Pero la solución no puede ser en exclusiva actuar contra los propietarios. Hace falta un marco legal que haga atractivo, y no sólo económicamente, el alquiler; que equilibre la relación entre inquilino y dueño, y que agilice la resolución de litigios, así como habilitar ventajas fiscales que lo estimulen. Y, sobre todo, hay que empezar a trabajar para cambiar una mentalidad que lleva al ciudadano a hipotecar toda su vida.
