La conflictividad ocasional entre jueces y políticos no puede ser considerada ajena al sistema democrático, que se basa precisamente en la división de poderes. Nada hay de extraño ni de escandaloso en el hecho de que quienes sólo se atienen al criterio de la legalidad colisionen, en algunas ocasiones, con quienes se rigen principalmente por el de la oportunidad. El sistema tiene previstos tanto el eventual surgimiento de estas situaciones de conflicto como los cauces para resolverlas. Sin embargo, el enfrentamiento que desde hace años se produce en nuestro país entre ambos poderes rebasa todos los límites admisibles en un Estado de Derecho. Ni su prolongación en el tiempo, ya casi indefinida, ni la desmesura con que se expresa resultan compatibles con el buen funcionamiento de las instituciones. En este sentido, el pronunciamiento institucional que ayer realizó el Gobierno vasco, unido a la convocatoria de manifestaciones y concentraciones realizadas por el PNV, secundada por los otros dos socios del Ejecutivo tripartito y por Aralar, ha superado, por grave, cualquier actuación precedente.
Los jueces no representan un poder inmune a la crítica. Sus resoluciones y sentencias pueden y deben ser evaluadas por la opinión pública. De hecho, son los propios jueces los primeros en expresar sus discrepancias con los actos judiciales a través, por ejemplo, de los votos particulares. Pero la crítica, además de en el respeto, ha de basarse en argumentos de legalidad y no en razonamientos de otro orden, sobre todo si sólo sirven para ocultar motivaciones espurias. Y aunque es cierto que la serie de decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco entra en contradicción, directa o indirecta, con la resolución del Supremo en el caso Patxi López, es evidente la intencionalidad estrictamente política que se esconde tras el pronunciamiento del Gobierno vasco y las protestas de los partidos que lo integran. Bajo el manto de la defensa de las instituciones de autogobierno y del mismo Estado de Derecho, se observa la voluntad de presentar a la justicia como una institución ajena a los supuestamente auténticos intereses de los vascos y el deseo de aprovecharse de la en sí criticable admisión a trámite de la querella contra el lehendakari para defender opciones partidarias o dirimir contradicciones internas, que no son en modo alguno las de toda la ciudadanía. Nuestro Estado de Derecho es un todo, bien definido en el ordenamiento constitucional, y no cabe pretender defenderlo desprestigiando una de sus partes más fundamentales: la Administración de justicia.
Los representantes políticos, por alto que sea su cargo y amplio su respaldo electoral, están sometidos, como cualquier ciudadano, a la acción de la justicia y, también como cualquier ciudadano, disponen para defenderse de sus posibles errores o abusos de los instrumentos que la propia ley prevé. Lo que no resulta en absoluto admisible es prevalerse de la posición privilegiada en que se encuentran para emplear armas que no están al alcance de los ciudadanos comunes y corrientes, por mucho que pretenda revestirse de defensa de las instituciones y del sistema democrático.
