Lejos de amainar, la campaña del nacionalismo vasco contra «determinados» jueces no hace sino subir de tono a medida que se acerca la fecha en la que Juan José Ibarretxe subirá la escalinata del Palacio de Justicia de Bilbao para declarar como imputado ante el Tribunal Superior vasco, el próximo miércoles. La confrontación abierta y total entre el Gobierno de Vitoria y el Poder Judicial en Euskadi escribió ayer un nuevo y tenso capítulo, tras la inusual carta abierta con la que cuatro altos magistrados vascos salieron el viernes en defensa de los tribunales. El Ejecutivo de Ibarretxe contraatacó con una dura declaración institucional, que ahonda en la que es, a su juicio, la raíz de la «convulsión» que preside la vida política vasca -la Ley de Partidos- y deja claro que las instituciones concernidas no tienen intención de «callar» ante decisiones judiciales que siembran la «alarma» y ponen en riesgo el propio concepto de seguridad jurídica y la protección de derechos fundamentales.
De hecho, todos los vaticinios son sombríos en un texto que va un paso más allá en las habituales críticas a la Judicatura, al reprobar la propia legalidad vigente y sus consecuencias sobre el Estado de Derecho y «pilares básicos» del sistema como la división de poderes o el ejercicio de derechos y libertades, en su opinión recortados por una concepción «restrictiva» en origen del juego político. En el documento, leído por los consejeros Joseba Azkarraga y Miren Azkarate en la sede de la Lehendakaritza, el Ejecutivo sugiere incluso que la actuación judicial derivada de la ley que sirvió para ilegalizar a Batasuna cuestiona la posibilidad de expresarse libremente. Por eso, replica a los jueces que el respeto a la ley «no es la paz del miedo, no es el callar por si acaso, no es la sensación generalizada de que hay manifestaciones a las que uno no se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir».
Para el tripartito, el rumbo que han tomado algunos magistrados obliga a los responsables políticos e institucionales a «demostrar día tras día un label democrático que es nuestro por derecho propio». En ese sentido, reivindica su derecho «a la sana crítica en defensa de las libertades» y advierte al Poder Judicial -que la semana pasada reclamó que cesen las críticas públicas en respuesta a la petición de amparo del presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro- de que no se les puede exigir «silencio» ni «cobertura incondicional» a las resoluciones judiciales. Menos aún, dicen, cuando éstas han «desbordado los límites» de la normalidad democrática, son ya «demasiadas» y han llevado «al propio lehendakari» a declarar como imputado en un presunto delito de desobediencia por reunirse con los dirigentes de la formación ilegalizada. «La lealtad con el Estado de Derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial, sin derecho a crítica», subraya el Gobierno vasco.
El 18/98 y De Juana
La otra gran línea argumental del documento se basa en denunciar las consecuencias de una legislación «de excepción», que, recalca el Gabinete Ibarretxe, afecta a «cientos de ciudadanos vascos». Un día después de que Batasuna criticase a los convocantes de la manifestación de mañana en Bilbao por no hacer alusión a la Ley de Partidos -«la fuente de todo esto», dijo Pernando Barrena-, el Ejecutivo no sólo hace suya esta tesis, sino que critica también la «paralela ampliación» de la legislación antiterrorista y cita expresamente el sumario 18/98 o el «dramático» caso del preso en huelga de hambre Iñaki de Juana.
El macrojuicio contra organizaciones del entorno de ETA ilustra, según el Gobierno vasco, cómo la aplicación de la Ley de Partidos soslaya la «necesaria» imputación individual de delitos y prima «la supuesta identificación con determinados fines e ideologías» en una «nueva forma de entender qué es terrorismo». El caso del recluso etarra, a quien la Audiencia Nacional ha denegado la libertad provisional esta semana, demuestra en opinión del Ejecutivo que «nadie sabe ya hasta dónde se extienden las prohibiciones penales» y el alcance de delitos como el de amenazas, apología del terrorismo, colaboración con banda armada o «incluso» el de pertenencia. «Progresivamente se van haciendo más extensos», denuncia el Gobierno, que llama la atención sobre lo que considera un abuso de las medidas cautelares. «Ejemplo dramático es la clausura de medios de comunicación», recuerda, en alusión a 'Egin' y 'Egunkaria'.
El Ejecutivo concluye en consecuencia que la Ley de Partidos ha dado un vuelco a los usos legales anteriores a su aprobación y a la forma de aplicar e interpretar la ley, con resultados a su juicio nefastos. «El desbordamiento de límites está servido y se precipita en cascada», advierten los consejeros, que recuerdan que el 'caso Atutxa' o el actual procedimiento penal contra Ibarretxe demuestran que la «mancha de aceite» se extiende más allá de la izquierda abertzale y afecta al nacionalismo democrático. Por ello, exponen la declaración de ayer como una «defensa leal» del regreso a la «normalidad democrática» y alertan de que, si eso no sucede, la Justicia puede «vaciarse de credibilidad».
