Inquietud e incertidumbre. Una mezcla de dos sentimientos alimenta el desánimo que se ha instalado en buena parte de la clase política desde que, el pasado jueves, doce jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidieron -en contra del criterio de otros cuatro- mantener a Iñaki de Juana Chaos en prisión pese su grave estado de salud, provocado por la huelga de hambre que inició hace 83 días.
La decisión manifestada por el recluso de seguir con su protesta «hasta el final» añade un nuevo elemento de distorsión al escenario trágicamente alterado por el atentado de ETA que, el pasado 30 de diciembre, acabó con la vida de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. No tanto por la posibilidad de que la suerte que corra el antiguo jefe del 'comando Madrid' tenga un peso real en los futuros movimientos de la banda, sino por el efecto aglutinador que este caso puede llegar a ejercer para contrarrestar las tensiones y contradicciones que la acción terrorista de la víspera de fin de año generó en el seno del MLNV. «No parece que lo de De Juana pueda tener una relación de causa-efecto en las decisiones de ETA, pero sí tiene un valor simbólico evidente», destacan en medios independentistas. En el otro lado de la balanza, el PP se congratula por lo que interpreta como «un triunfo del Estado de Derecho frente al chantaje de un terrorista».
El giro que, a mitad de esta semana, dio el 'caso De Juana' irrumpe en un momento en el que, «tras el atentado de la T-4, los sectores más razonables de la izquierda abertzale se habían vuelto a posicionar con fuerza para enderezar la situación», según fuentes conocedoras del independentismo radical. Con diversos matices, coinciden en la misma percepción numerosos responsables políticos, nacionalistas y no nacionalistas, que entienden que la decisión de la Audiencia Nacional «sirve en bandeja» a ETA un estandarte que podría enarbolar o no en función de sus intereses.
Comunicado
El 'caso De Juana' se situaría así en el centro de un círculo diabólico: no resultaría determinante en la estrategia de la organización terrorista, pero sería a buen seguro esgrimido como excusa por la banda en el caso de perpetrar un nuevo atentado. Al fin y al cabo, todo ello encaja con la literalidad del comunicado posterior al atentado de Barajas. Pese a haber asesinado a dos personas y haber reducido a ruinas un amplísimo sector de un aparcamiento, ETA dijo mantener en pie el alto el fuego permanente, pero, al mismo tiempo, advirtió de que «mientras se mantenga la situación actual de ataque a Euskal Herria, ETA tendrá toda la determinación de responder».
Aquella contradicción alimentó un poco más la confusión que el ataque terrorista contra el aeropuerto de Madrid generó en la izquierda abertzale. El portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, y el líder de LAB, Rafa Díez Usabiaga, abrieron con sus declaraciones de hace dos semanas serias expectativas sobre la existencia de un debate interno de calado: «Es cierto que Usabiaga dijo más cosas, pero reconoció que, con bombas, no hay proceso», destacan en medios del PNV. Y ahora, «los sectores más duros pueden envalentonarse», añaden.
Muy cauta, la formación jeltzale no va más allá en su análisis, Mientras, desde Aralar y EA coinciden en que «esto es una dificultad añadida» que «puede distorsionarlo todo durante meses». Para EB, sectores de la Justicia, «en connivencia con el PP, pretenden «impedir de facto que en Euskadi se pueda abrir un nuevo proceso de paz».
Fuentes vinculadas a movimientos sociales no se atreven a calibrar cómo reaccionará a corto plazo la organización terrorista, pero se declaran convencidas de que estamos ante el comienzo «del fin de la violencia», y animan al Gobierno a «mantener las antenas abiertas, para ver qué ocurre dentro de ETA». Pero el Ejecutivo y el PSOE se muestran especialmente preocupados, mientras los socialistas vascos expresan, convencidos, que «esto es un desastre».
Tras el trauma inicial que representó el atentado de Barajas, sectores del PSE y del PSOE aún alimentaban la esperanza en que, si no se reproducían los ataques terroristas, el proceso para el final dialogado de la violencia que ETA rompió el 30 de diciembre pudiera ser retomado con el paso de los meses, siempre que fuera sobre bases más sólidas que las anteriores. Ahora, a su modo de ver, «todo lo que se había provocado dentro de la izquierda abertzale con el atentado de la T-4 puede quedar neutralizado». En medios del PSE no se oculta que Patxi López pasó el jueves uno de los peores días del último año.
Febrero de 1981
Un conocido militante del PSOE insiste en que el 'caso De Juana' permite a los sectores más duros del MLNV «simbolizar un discurso retroalimentador de su estrategia». Se remite en este sentido a la concatenación de dos hechos dramáticos en los primeros días del mes de febrero de 1981: el 6 de febrero fue localizado el cadáver del ingeniero de la central nuclear de Lemoniz José María Ryan, secuestrado una semana antes. Su asesinato provocó una de las primeras manifestaciones multitudinarias contra el terrorismo que se recuerdan en Bilbao. El 13 de febrero murió en Madrid el militante de ETA Joseba Arregi, horas después de ser detenido por la Policía; su cadáver presentaba evidentes signos de torturas. Aquel segundo crimen, respondido con otra marcha por las calles de la capital vizcaína no menos multitudinaria que la anterior, pasó a engrosar el catálogo de justificaciones con que la banda armada pretende argumentar su actividad terrorista.
«Lo que ocurre ahora con De Juana recuerda, en cierto modo, a aquella situación», asegura el militante socialista. Sin entrar en esta comparación, en medios abertzales indican que todo lo que rodea al caso del antiguo jefe del 'comando Madrid' «puede multiplicar por diez la capacidad de convocatoria de Batasuna», que consideran sensiblemente reducida en la actualidad.
La preocupación de los socialistas contrasta con la sensación de alivio que ha experimentado el Partido Popular. Aunque un veterano dirigente reconoce que, «personalmente, sentimos que podemos correr un riesgo mayor que hace tres días, porque la amenaza es clara», afirma que «eso es algo que aceptamos voluntariamente hace tiempo», y asegura que, «para nosotros, habría sido mucho más terrible que este señor estuviera ahora en su domicilio». «Acabamos de celebrar el duodécimo aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez, muchos compañeros han caído en el camino, y si De Juana se saliera con la suya en su intento de chantaje al Estado de Derecho nos preguntaríamos: ¿de qué ha servido todo esto?», añade.
Un caso individual
Lo paradójico del caso actual es que ETA y su entorno político podrían hacer bandera de un caso individual que no han visto con buenos ojos. «Con la huelga de hambre, De Juana no ha actuado dentro de la disciplina de la organización. Ni siquiera en línea con el EPPK -el colectivo de presos-, sino que actúa por libre, porque él siempre ha sido así», sostiene un dirigente abertzale.
Desde este punto de vista, algunos analistas destacan el hecho de que, en la historia del colectivo de presos de ETA, «la huelga de hambre ha sido un recurso limitado en el tiempo. La han practicado, pero sin llegar a poner en riesgo su propia integridad». Por ello, en estos medios entienden que, ante esta «decisión unilateral», las manifestaciones de solidaridad con De Juana «han sido más formales que consecuentes», lo que, a su juicio, pone en entredicho uno de los argumentos que ha esgrimido el PP para oponerse a una atenuación del régimen penitenciario del recluso: «Rajoy se equivoca cuando da por hecho que otros presos seguirían el ejemplo de De Juana».
