Jueces y abogados lo llaman 'lanzamiento', un tecnicismo jurídico que resume de forma gráfica el debate sobre el alquiler. Los inquilinos condenados al desahucio por no haber pagado la renta, o por ocupar la vivienda de forma irregular, tienen que ser 'lanzados' del inmueble. Ese tira y afloja con el propietario puede alargar el pleito de ocho meses a más de un año en el País Vasco, aunque el juez haya dictado sentencia a los sesenta o noventa días de presentar la demanda.
«¿Por qué una persona renuncia a ganar dinero con su piso vacío?», se pregunta, con ironía, José Miguel Alonso, que dirigió durante 25 años los servicios jurídicos de la Cámara de la Propiedad de Bilbao. A su modo de ver, el canon de nueve euros diarios sobre los pisos desocupados -una idea del Gobierno vasco para forzar la salida de los inmuebles al mercado- sólo ha puesto de relieve la resistencia de los propietarios para entrar en el negocio del alquiler, a diferencia de otros países europeos.
Según las estadísticas judiciales, el País Vasco registra más de 1.500 desahucios anuales al año, de los cuales cerca de 1.000 se ejecutan en las capitales. En 2006, los juzgados bilbaínos pusieron en marcha 460 procedimientos por impago de renta y otros 20, por ocupación ilegal.Vitoria no dispone de las cifras del año pasado, pero en el ejercicio anterior se dictaron en la capital alavesa 268 sentencias por impago y 17 por ocupación. Los jueces de San Sebastián dictaron 152 y 9 resoluciones, respectivamente.
«El 50% de los contratos de alquiler acaba en los tribunales por alguna razón, aunque no se llegue al 'lanzamiento'», asegura José Miguel Alonso. La batalla legal suele alargarse cuando el inquilino que ha sido demandado por impago se pone al día para evitar el juicio. A ese ardid los abogados le llaman 'enervar la acción', aunque sólo se puede utilizar una vez.
«Para cansarles»
Pero las estrategias judiciales también las utilizan los propietarios para desembarazarse de personas mayores que pagan rentas antiguas en las capitales. «Les ponen una demanda tras otra para cansarles», relata el magistrado Edmundo Rodríguez Achótegui, que ejerció en un juzgado de Primera Instancia de Bilbao durante seis años. Los turnos de oficio de Euskadi tienen que asistir a muchos inquilinos de escasos recursos que residen en casas codiciadas. Los expertos en técnicas más o menos sutiles de acoso inmobiliario las conocen como 'edificios con bicho dentro'.
Según Rodríguez Achótegui, los pleitos de alquiler representan el 10% del trabajo de los juzgados de Primera Instancia. Estos órganos funcionan con más celeridad en el País Vasco que en otras comunidades, pero José Miguel Alonso ha llevado demandas en Vizcaya que han rebasado el año. «En el 75% de los juicios, el inquilino no aparece. Eso supone abrir diligencias de averiguación, oficios Más y más tiempo», explica el abogado.
Un estudio sobre 10.000 sentencias dictadas en España revela que el plazo medio para 'lanzar' a un moroso de una vivienda es de dieciocho meses. La deuda media reclamada por el demandante, sumando las costas judiciales, asciende a 4.000 euros, una cantidad que no se cobra la inmensa mayoría de las veces. Sólo las minutas del abogado y del procurador pueden sumar unos 1.500 euros a condición de que no surjan complicaciones.
Algunos expertos creen que la situación mejoraría si el Poder Judicial impulsara los juicios rápidos para los litigios de alquiler, pero otras voces son escépticas y recuerdan que un magistrado no celebrará la vista oral sin haber citado correctamente al demandado, pues no quiere que le tumben la sentencia en la apelación.
Al final, las lógicas cautelas judiciales y la falta de medios de las administraciones provocan episodios de difícil comprensión para los ciudadanos : un propietario denunció en la prensa barcelonesa que los Mossos d'Esquadra tardaron 36 días sólo en identificar a unas personas que se habían instalado en su piso de forma ilegal. Sin ese requisito, la juez no podía actuar a su favor, pese a que había acudido al juzgado con las escrituras en la mano.
«El mercado del alquiler no funciona por falta de seguridad jurídica», concluye José Luis Estevas-Guilman, presidente de la Sociedad de Tasación. Apenas el 10% del parque de viviendas estatal se dedica al arrendamiento, lo que sitúa a España a la cola de Europa. Pero Euskadi es, además, la última entre las comunidades autónomas. Sólo el 4,6% de los hogares vascos vivía en un piso arrendado en 2005, el índice más bajo en diez años.
Un estudio del Departamento vasco de Vivienda ha registrado casi 27.000 pisos desocupados que son susceptibles de arrendarse; pero el programa oficial Bizigune sólo ha podido captar 3.000 para el alquiler, incluso garantizando al propietario que cobrará la renta y que le devolverán el inmueble en buen estado. Esos resultados se explican en parte por el temor de los ciudadanos a tener tratos con la Administración cuando los trámites les obligan a desvelar información personal.
A la reticencia de los dueños de pisos vacíos, que pocas veces responden al estereotipo del especulador, la Administración autonómica vasca le quiere oponer ahora el 'palo' y la 'zanahoria'. Por un lado, introducirá el nuevo gravamen sobre los inmuebles desocupados en el proyecto de ley de Vivienda. Por otro lado, reforzará el programa Bizigune, en el que los propietarios reciben una media de 580 euros mensuales por su vivienda (luego se alquila a otra persona más o menos por la mitad).
El sector inmobiliario duda de que esa doble estrategia relance el alquiler. «El problema es que, si un inquilino que se resiste a marchar, no lo echas antes de ocho meses», insiste el abogado José Miguel Alonso. Sin embargo, los partidos no están abordando esa cuestión, sino el canon, una idea que se le ocurrió el ex ministro de Economía Rodrigo Rato en 2002. Entonces argumentó que el gravamen movilizaría miles de pisos y los alquileres se abaratarían. Aznar no lo defendió.
