La parcela de Ali en la que la empresa Salgado Iglesias acaba de rematar siete chalés unifamiliares con la autorización del Gabinete Alonso no mide 2.000 metros cuadrados y, por tanto, y tal y como establece la normativa municipal, sólo se podían construir seis. Así lo aseguraron ayer dos cargos del Departamento municipal de Urbanismo, en la tercera sesión de la comisión que investiga en el Ayuntamiento si se cometieron o no irregularidades en ese proyecto, según explicó su presidente, el edil peneuvista Unai Grajales. El equipo de gobierno discrepa de la versión ofrecida por la oposición sobre la comparecencia de los técnicos.
Durante el encuentro, que se celebró de nuevo a puerta cerrada, comparecieron el jefe del servicio de Edificaciones y el de la unidad de Topografía. De acuerdo con la versión ofrecida luego por Grajales, los dos se ratificaron en sus respectivos expedientes, en ambos casos contrarios a la edificación de siete casas.
El topógrafo afirmó, por su parte, que la superficie del polémico solar es de 1.791 metros cuadrados, y así lo hizo constar en un expediente, contó el edil jeltzale. «A preguntas de los concejales, el técnico aseguró que incluso añadiendo al terreno la aportación que el Consistorio le hizo por utilizar parte del solar para habilitar una calle pública no llegaba a medir 2.000 metros», agregó el presidente de la comisión. La ordenanza OR-7 del Plan General de Ordenación Urbana fija un máximo de seis viviendas -una menos de las construidas- para una dimensión inferior a 2.000 metros cuadrados.
Informe y contrainforme
El jefe del servicio de Edificaciones explicó cómo en las dos ocasiones en que la constructora presentó el proyecto emitió sendos expedientes desfavorables y cómo se enteró, casi dos años después, de que los chalés ya habían sido levantados y casi terminados. El técnico indicó que, ante esa situación, el pasado noviembre remitió un escrito al equipo de gobierno para dejar constancia de que desconocía que el plan contara con licencia y de que no había sido tramitada en el servicio que dirige. Por ello, consideraba «procedente que se investigara la legalidad de esa resolución», escribió.
Estos testimonios se suman al que el pasado jueves ofreció una arquitecta municipal, para quien el permiso de construcción de las casas de Ali se dio de forma indebida. Esta declaración provocó la reacción inmediata del equipo municipal de gobierno, que exhibió otro informe que indica lo contrario. «El jefe de la unidad de Topografía dijo ayer que el valor del documento esgrimido por el PP es nulo y lo calificó de puñalada por la espalda», aseguraron a EL CORREO fuentes de la comisión.
El concejal de Hacienda, el popular Javier Maroto, defendió una versión opuesta de lo ocurrido en la sesión. Así, destacó que el jefe del servicio de Edificaciones reconoció que el edil de Urbanismo «no tiene la necesidad de apoyarse en sus informes, -de hecho admitió que en otras ocasiones se han concedido licencias con sus reservas-, por lo que no ha incurrido en una actuación irregular», recalcó. El próximo viernes, cuarta entrega del caso con una nueva reunión de la comisión de investigación en la que comparecerán otros dos técnicos de Urbanismo.
A la de ayer no acudió el representante de la constructora Lagunketa, ya que la que debía hacerlo era Sarkis, «y se trata de dos empresas distintas». Sus responsables serán citados para que acudan a una nueva cita.
