El consenso en torno al Impuesto de Sociedades que debe aplicarse a los beneficios de las empresas vascas este año sigue en el alero. Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa están de acuerdo en abordar una sensible rebaja del tipo de gravamen para dejar el actual 32,6% en el 28%, y el 30 que se aplica a las pequeñas empresas en un 25%. El Ejecutivo alavés, sin embargo, prefiere que ese porcentaje esté más cerca del que aplicará la Administración central -el 32,5% este ejercicio y el 30% el próximo-, a pesar de que recientes declaraciones de dirigentes del PP -el partido que controla esa institución- apuntaban justo en la dirección contraria.
En una reunión celebrada ayer por representantes de las haciendas forales, las negociaciones quedaron 'vistas para sentencia'. La práctica totalidad de la reforma del impuesto está ya pactada; pero el elemento fundamental, el tipo de gravamen que se aplicará ya desde este año, sigue abierto.
Equilibrio precario
La posición del PP en la Diputación alavesa pretende mantener un difícil equilibrio: acercarse a los tipos que va a aplicar el Gobierno central para poder mantener así el respaldo del PSE en las Juntas Generales de este territorio; no 'molestar' demasiado al Ejecutivo de la Rioja, también del Partido Popular, para intentar sortear un hipotético recurso judicial; hacer todo eso compatible con las permanentes manifestaciones de rebaja de la presión fiscal que proceden desde dentro de las filas de la propia formación y, para cerrar el círculo, convencer al PNV de que renuncie a una medida en la que ha depositado muchas esperanzas como elemento de dinamización de la economía. Algo así como intentar hacer una tortilla de patatas sin romper varios huevos.
La encrucijada es de tal dimensión que hace algunos días el propio diputado general de Álava, Ramón Rabanera amagó con la posibilidad de aplazar la reforma del impuesto hasta después de las elecciones municipales. Tal posibilidad ha despertado numerosas críticas,por la incertidumbre fiscal en que se condenaría a vivir a las empresas vascas durante muchos meses, sin conocer las consecuencias tributarias que tendrían muchas de sus decisiones cotidianas.
El tiempo, además, apremia. La próxima disolución de las juntas generales de los tres territorios supone un hándicap a cualquier dilación de las discusiones. Fuentes de las diputaciones vizcaína y guipuzcoana han mostrado su intención de aprobar la nueva normativa en las reuniones de los consejos de gobierno que se celebrarán el próximo martes, lo que lleva a intuir que las conversaciones continuarán hasta la misma tarde del lunes.
