La titular del Juzgado de lo Penal número dos de Logroño ha absuelto al alcalde de Canales de la Sierra, el socialista José Luis Vicario, y al ex secretario del Ayuntamiento del municipio, Juan José Moraga, de los cargos que la acusación particular les imputaba. La Fiscalía, que había presentado cargos, los retiró en la vista al considerar que existían «dificultades» para probar su comisión.
Según la sentencia, la acusación particular imputaba al regidor un delito de prevaricación y solicitaba la imposición de una pena de doce años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde. Asimismo, reclamaba para Moraga una pena de cinco años de inhabilitación especial por prevaricación y la imposición de tres años de prisión, una multa de 1.080 euros y dos años más de inhabilitación, por falsificación de documento público.
Los hechos se remontan a junio de 2001, cuando Vicario fue condenado por la Audiencia Provincial de Logroño a seis meses de inhabilitación especial para cargo público y tres meses de multa, por un delito de desobediencia, ante su negativa a saldar una deuda con una antigua ex secretaria del Ayuntamiento del municipio.
Ésta presentó una querella al considerar que no se había cumplido la pena. Precisamente, esta es la cuestión fundamental de este proceso, el cumplimiento o elusión de los seis meses de inhabilitación. La condena debía ser cumplida entre entre octubre de 2001 y abril de 2002.
El texto de la resolución especifica que la sentencia no fue notificada personalmente al alcalde y tampoco al Ayuntamiento. Vicario se limitó a comunicar verbalmente el contenido del fallo a Moraga, que, en su condición de secretario municipal, «le indicó tener que estar a la espera de la comunicación oficial». Pese a ello, la sentencia refleja que «no consta actuación de Vicario como alcalde en dicho periodo».
En su lugar, señala la sentencia, actuó José Rubio, primer teniente de alcalde, que también fue imputado en las calificaciones provisionales, aunque tanto el fiscal como la acusación particular acabaron retirando los cargos. Con fecha 17 de abril de 2002, concreta la resolución, se celebró una Asamblea Vecinal del Canales para la elección de un nuevo alcalde y Vicario resultó reelegido.
Ante estos hechos, la acusación particular consideraba que el regidor, en connivencia con el secretario, «ocultaron durante nueve meses la sentencia» con el «espurio» objetivo de que Vicario fuese reelegido. La jueza, en cambio, ha determinado que «no consta resolución alguna con aptitud suficiente para constituir delito de prevaricación» y «tampoco constan los requisitos necesarios» para la apreciación de falsedad.
