El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vitoria obliga al Ayuntamiento a indemnizar con 16.175 euros a una mujer que resultó con diversas lesiones tras tropezarse con una baldosa mal colocada en la vía pública y caer al suelo. El accidente ocurrió hace casi tres años y tuvo lugar junto a la plaza del Artium, tras su urbanización.
Los hechos se produjeron el 18 de mayo de 2004, cuando la denunciante iba caminando por La Esperanza. A la altura del número 15 de esa calle, la mujer, que entonces tenía 60 años, tropezó y sufrió una caída debido al «estado moviente y la mala colocación de varias baldosas», recoge la sentencia. El accidente le ocasionó contusiones en la cara y la «agravación» de una artrosis previa en una rodilla, que le ha dejado como secuela una cojera. Estas lesiones le mantuvieron de baja durante 28 días.
A través de su abogado, Ángel Sáez de Asteasu, la vitoriana presentó una reclamación por responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento, que la desestimó. Alegó que la culpa del siniestro recaía en la Diputación, ya que las obras de urbanización de la plaza -efectuadas de marzo a mayo de 2002- las encargó la institución foral, y que nunca las recibió debido a que se ejecutaron mal. La mujer decidió entonces llevar su caso a los tribunales.
El fallo dictado por la magistrada Patricia Arrizabalaga impugna ahora aquella resolución y da la razón a la mujer. La jueza alude al informe del arquitecto jefe de la sección foral de Edificios Propios, en el que asegura que «no tiene constancia documental de que la Administración municipal presentara ante las instancias provinciales ningún tipo de reclamación o exigencia sobre la urbanización de la plaza». La magistrada ha tenido además en consideración que los terrenos que se pavimentaron «nunca dejaron de ser municipales», y que en cuanto el espacio se abrió al público el Ayuntamiento se hizo cargo del mantenimiento, limpieza y alumbrado de la zona, «signo inequívoco de que asumía su plena competencia sobre la plaza».
Camiones y deterioro
La sentencia, a la que ha tenido acceso EL CORREO, recuerda que la calle La Esperanza sufrió durante los dos años siguientes el paso de camiones de gran tonelaje para la construcción de un edificio de viviendas. «Sin duda ello ocasionó daños en la pavimentación, que en ningún caso pueden ser imputados a la Diputación», agrega.
Por todo ello, concluye que la resolución municipal no es «conforme a derecho» y obliga al Consistorio a indemnizar a la mujer con 16.175 euros, una cantidad muy inferior a los 30.069 que solicitaba. La rebaja atiende a que parte de los gastos médicos «no tenían por objeto la curación de la rodilla sino atener un proceso degenerativo previo a la caída».
El fallo es impugnable mediante un recurso de apelación. El Ayuntamiento tiene quince días de plazo desde el siguiente a la notificación del fallo para presentarla por escrito en el mismo juzgado de Vitoria.
