La pugna que enfrenta a la asociación Cámara de la Propiedad Urbana de Álava y el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, lejos de aplacarse, se reaviva con continuos recursos ante los tribunales.
La asociación que reúne a más de 30.000 propietarios alaveses de bienes inmuebles ha pedido al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que cierre la asesoría del Ejecutivo autónomo en el pasaje de las Antillas. Entiende que si la consejería de Javier Madrazo optó por liquidar las tres cámaras vascas no tiene sentido que ahora ocupe los locales que defendió cerrar para seguir prestando en ellos los mismos servicios.
De forma paralela, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha desestimado un recurso de la Cámara contra la decisión de Lakua de negarle la inscripción en el Registro General de Asociaciones de Euskadi. Los magistrados consideran que la junta directiva de la entidad no está legitimada para apelar. La asociación ha reclamado una «aclaración de sentencia», ya que el mismo tribunal opinó, en noviembre, que la junta de gobierno sí es legitima.
Buzoneo paralizado
Por otro lado, los jueces ordenaron ayer al Departamento vasco de Vivienda que suspenda «de inmediato» el buzoneo en los domicilios alaveses de un folleto sobre los servicios que presta en las oficinas de la antigua Cámara.
