La empresa que construyó los 24 chalés de Ibaiondo «no debió cobrar un sobreprecio de 54.000 euros» a cada uno de sus propietarios por incorporar elementos bioclimáticos para ahorrar energía, algo que fue autorizado por el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María. Así lo manifestó ayer un técnico de ese mismo departamento en la cuarta sesión de la comisión de investigación municipal que analiza las presuntas «irregularidades» en la construcción de esas viviendas y de otras siete casas adosadas en Ali. Una vez más, la reunión fue a puerta cerrada.
El técnico municipal, un experto del Servicio de Valoraciones, se remontó al momento en el que el Ayuntamiento vendió esa parcela de Ibaiondo a la empresa Opacua por 1,7 millones. En ese precio, aseguró el funcionario, estaba incluido «todo el coste» de las viviendas, es decir, «desde el valor de la parcela a la edificación, el beneficio empresarial y los elementos medioambientales», explicó ayer el presidente de la comisión de investigación, el peneuvista Unai Grajales. La clave, por tanto, es conocer por qué la empresa pidió más dinero por cada casa y, sobre todo, «a quién ha ido a parar».
Por contra, el teniente de alcalde Javier Maroto insistió en que «no existe un sobreprecio real, como ya desveló otro técnico, y los dueños de las viviendas sabían cuánto costaban antes del sorteo. Estamos muy tranquilos».
Opacua comparecerá
Grajales anunció también que los responsables de la constructura Opacua han cambiado de opinión y al final sí comparecerán en la comisión de investigación para dar su versión de los hechos. El foro pondrá fecha en breve al esperado testimonio.
En la sesión de ayer participó asimismo otro arquitecto del área de Urbanismo, que se refirió a la polémica construcción de siete adosados en la calle Asestadero de Ali. El técnico ratificó lo manifestado ya por tres de sus compañeros en sesiones anteriores: a ese terreno hay que aplicarle la ordenanza OR-7 y mide menos de 2.000 metros cuadrados. «Es decir, que según la ley sólo se podían hacer seis casas», zanjó Grajales.
Las personas que han comprado estos adosados aún no pueden vivir en ellos, y ayer solicitaron comparecer en la comisión para dar su versión y exigir soluciones. Los ediles lo rechazaron porque «no es necesario que vengan».
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