El PSE-EE adelantó ayer su posición en el debate sobre la futura Ley vasca de Servicios Sociales, un texto que está elaborando el Departamento de Madrazo mientras las autonomías y el Gobierno central desarrollan la Ley estatal de Dependencia. Los socialistas recordaron que el usuario debe asumir una parte de los servicios que reciba, especialmente en las residencias; pero rechazaron el sistema de copago aplicado por las diputaciones vizcaína y alavesa, que obliga a las personas mayores a responder con su vivienda habitual para sufragar, a su fallecimiento, una parte de la atención prestada.
Isabel Celáa, responsable de Asuntos Sociales en la Ejecutiva del PSE, insistió en que, para fijar cuánto debe pagar cada persona, las instituciones tienen que contabilizar su patrimonio individual, excluido el piso habitual, pero nunca el patrimonio de la unidad familiar. Además, deben reconocer a los ciudadanos unos derechos «concretos, iguales en todo el País Vasco y que puedan exigirse en la Administración e incluso en los tribunales, tal y como establece la Ley de Dependencia».
Celáa se quejó de que las noticias sobre el 'proceso político vasco' dejen en un segundo plano la «desorganización» de los servicios sociales en Euskadi, que es consecuencia, a su juicio, del «mal funcionamiento de la política». Denunció, por ejemplo, que el porcentaje del copago sea más alto para los vizcaínos que para los alaveses. Además, estos últimos tienen una oferta de centros «más amplia, más variada y mejor organizada».
El PSE criticó que la 'factura pendiente' de una residencia pública se pague de una manera en Vizcaya y Álava, y de otra forma distinta en Guipúzcoa. «Un vecino de Ermua responde con su piso para ir a la residencia, pero si vive unas calles más allá, en Eibar, no le exigen ese requisito», resumió Celáa.
Los socialistas advirtieron de que las diputaciones han elaborado sus propios sistemas de atención, cada uno con características diferentes. A su modo de ver, lo han hecho así porque el Gobierno vasco no ha desarrollado la Ley de Servicios Sociales de 1996, ni ha asumido el «liderazgo» para crear un sistema homogéneo en Euskadi, donde residen 60.000 personas disca- pacitadas, de las cuales 25.000 son grandes dependientes.
Según el PSE, el debate de la nueva Ley de Servicios Sociales pondrá de manifiesto que Euskadi debe aumentar el gasto para llegar a los niveles de la UE. Por ello, reclamó que se reabra el debate presupuestario entre el Gobierno vasco y las diputaciones, y que se fijen prioridades. «Hemos pasado ocho años de 'agujero negro' en esta materia».
