Después de varias semanas de debate, el pleno del Tribunal Constitucional aceptó ayer la recusación del PP contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, por lo que éste no intervendrá en el estudio y la decisión que se adopte sobre el Estatuto de Cataluña, denunciado por inconstitucional por el principal partido de la oposición. La decisión se adoptó por seis votos a favor y cinco en contra. Los magistrados discrepantes, entre ellos la presidenta de la institución, María Emilia Casas, formularán votos particulares.
De manera unánime, el tribunal acordó el pasado año rechazar las recusaciones contra María Emilia Casas y Roberto García Calvo, por entender que tras ellas había una maniobra para inclinar el resultado final a uno u otro lado. En cambio, tras un largo y duro periodo de reflexión, la Corte constitucional aceptó ayer por la mínima la exclusión de Pérez Tremps.
Seis jueces aceptaron las tesis del PP y llegaron a la conclusión de que el magistrado cuestionado incurre en la causa de recusación recogida en el artículo 219.13 de la Ley del Poder Judicial: «Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo». En 2003 elaboró un estudio jurídico sobre la constitucionalidad de determinados aspectos del proyecto de nuevo Estatuto que entonces redactaba la Generalitat.
Cinco magistrados -la presidenta, Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera y Manuel Aragón- defienden por el contrario que Pérez Tremps realizó dicho informe para el proyecto de Estatuto elaborado por el Gobierno de Jordi Pujol, y no para el recurrido, el de Pasqual Maragall. Además, elaboró aquel trabajo antes de ingresar en el Alto Tribunal en julio de 2004.
Satisfacción de Trillo
El Constitucional ha vivido con virulencia la 'guerra de recusaciones' en que se vio envuelto en cuanto admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP, porque la aceptación de cualquiera de ellas rompería el teórico equilibrio ideológico del pleno. Eso ocurrió ayer. La exclusión de Pérez Tremps fue aprobada merced a los seis magistrados conservadores del Constitucional y deja en minoría a los cinco más próximos a posturas progresistas, dato que puede marcar el futuro del Estatuto catalán.
El diputado y ex ministro del PP Federico Trillo valoró positivamente que el Constitucional haya «garantizado el pleno complimiento de la ley» con una decisión que, a su juicio, demuestra que su partido actuaba «en defensa de la legalidad y no con criterios «políticos». También en clave positiva, el portavoz de Ciutadans en el Parlament, José Domingo, tildó de «afortunado» el acuerdo, aunque cree que «lo mejor» habría sido que Pérez Tremps se apartara por sí mismo.
En sentido opuesto, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, mostró su «sorpresa» por que se admita la exclusión «de un profesor de Derecho Constitucional por un trabajo de carácter doctrinal». Recordó, además, que los magistrados rechazaron otra recusación del PP contra Tremps. Por su parte, fuentes de IU dijeron no compartir la resolución y criticaron las «tácticas torticeras» del PP.
El parlamentario autonómico de CiU Francesc Homs alertó de la «galopante politización» del Constitucional. Mientras, el portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, urgió al Gobierno a que «no se resigne» a la exclusión del magistrado, porque, en caso contrario, «con la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional podemos pensar en los peores augurios», advirtió en alusión a la posible declaración de inconstitucionalidad del Estatut.
