Los funcionarios del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calahorra, con competencia en materia de violencia contra la mujer, han denunciado la «lamentable y penosa situación» en la que se encuentra este órgano judicial con considerables carencias de personal y medios materiales para atender a una población de aproximadamente 80.000 personas.
Cansados de la «verborrea publicitaria de las distintas administraciones» y del incumplimiento de promesas sobre inversiones, los seis funcionarios adscritos a esta unidad judicial han decidido hacer público su malestar en un comunicado en el que aseguran que, desde que el Juzgado asumió en junio de 2005 las competencias exclusivas en materia de violencia contra la mujer para el partido judicial de Calahorra, el Ministerio de Justicia «no se ha gastado ni un solo euro».
La plantilla insiste en que en aquel momento se anunció que se les dotaría de medidas de refuerzo en materia de personal y de más medios materiales para hacer frente a la sobrecarga de trabajo que iba a originar la adscripción de los conflictos de violencia de género, pero siguen con «la menor plantilla de funcionarios de toda la Comunidad Autónoma de La Rioja» cuando este Juzgado es «el que mayor carga de trabajo soporta con arreglo a los módulos de trabajo fijados por el Consejo General del Poder Judicial».
Además de los asuntos ligados a la violencia de género, deben resolver el resto de procedimientos con una media de alrededor de 2.000 procedimientos penales y más de 1.000 civiles, así como toda la jurisdicción civil.
Según su denuncia, la escasez de personal -seis funcionarios administrativos, el secretario judicial y el juez- provoca, a veces, «la suspensión de las vistas civiles y penales programadas en algunos casos con más de seis meses de antelación». A este problema se suma la falta de un funcionario adscrito de forma permanente a la violencia contra la mujer.
Redistribución
Los trabajadores creen que sería conveniente analizar la posibilidad de que el recién creado Juzgado de Violencia contra la Mujer de Logroño, que comenzó a funcionar a finales del pasado año, asumiera competencias para instruir sobre hechos que se produzcan en toda La Rioja y no sólo en el partido judicial de Logroño.
Si la situación en materia de medios personales es, según sus palabras, «calamitosa», la de medios materiales no se queda atrás. Así, aseveran que han solicitado «hasta la saciedad» que se dote a la sala de vistas del Juzgado de un equipo de videoconferencia para contactar con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) «a la hora de tomar declaraciones y legalizar la situación de los detenidos que son presentados al juzgado».
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Calahorra tampoco tiene fiscales adscritos de forma permanente cuando otras localidades de menor tamaño, como Tudela, Alcañiz o Calatayud, sí cuentan con ellos; e incluso carece de fax.
En el comunicado, los funcionarios también demandan el establecimiento de un turno de asistencia letrada con abogados de la zona «como ocurre con el resto de detenidos por otro tipo de delitos», ya que en la actualidad tienen que esperar a que el letrado acuda a Calahorra para atender a los detenidos por violencia contra la mujer «con las pérdidas de tiempo en esperas que se originan».
