«Sé dónde vives» o «Dame subvenciones o te enteras». Son algunas de las frases que muchas veces escuchan los trabajadores sociales municipales encargados de tramitar las ayudas de emergencia social (AES), destinadas a ciudadanos con problemas económicos. Por eso, el Ayuntamiento ultima ya un protocolo de actuación para erradicar las amenazas e insultos a su plantilla.
De hecho, el Gabinete Alonso pretende que este plan entre en vigor «antes del verano». Incluirá medidas concretas para evitar que se produzcan agresiones físicas y verbales a todos los empleados municipales.
«El protocolo es tan completo que roza la excelencia», afirmó ayer la concejala de Función Pública, Marian Castellanos, quien recordó que el año pasado ocho personas denunciaron amenazas. Todas ellas eran trabajadoras sociales. Esto obligó al Consistorio a contratar seguridad privada en siete centros cívicos de Vitoria, donde se localizan los servicios más conflictivos, como avanzó EL CORREO.
En resumen, el texto apuesta por aumentar la prevención y la seguridad de los empleados, a los que se recomiendan una serie de pautas de actuación ante situaciones «peligrosas». Como novedad, incluye la puesta en marcha de un registro oficial de incidentes para saber en qué lugares hay que actuar.
Alarmas
El protocolo contempla la posibilidad de utilizar herramientas concretas en los lugares donde se produzcan las coacciones. Es decir, alarmas conectadas a la Policía Local -ya utilizadas en varios servicios sociales-, videocámaras, arcos detectores de metales o cristales blindados. Si es necesario, también se autoriza la vigilancia policial preventiva.
Además, se asesorará legalmente a los empleados para que sepan reaccionar y acudir a los abogados municipales si son objeto de amenazas.
