Tres técnicos de la Agencia de Renovación Urbana, la sociedad municipal que gestiona los sorteos de viviendas protegidas, confirmaron ayer que el precio de cada uno de los 24 polémicos chalés de Ibaiondo se incrementó en 54.000 euros para incorporar elementos bioclimáticos «por orden» del Departamento de Urbanismo. Así lo manifestaron los empleados en la quinta sesión de la comisión de investigación que analiza las presuntas irregularidades en la construcción de esas viviendas y en otras siete casas de Ali.
Los técnicos de la agencia no quisieron valorar ante los partidos si la decisión de elevar el precio de los chalés de Ibaiondo fue ilegal o no. Sólo uno de ellos dijo ante los comisionados que «le extrañó» que se incrementara.
La sesión sirvió para dar fuerza a las sospechas de la oposición, que mantiene que el Gabinete Alonso modificó al alza de forma unilateral el coste de las casas.
Según la versión de los técnicos, el pleno municipal acordó en noviembre de 2002 que el desembolso por vivienda rondara los 250.000 euros. Sin embargo, el 22 de julio de 2003 el director de Urbanismo, Antón Sáenz de Santa María, envió una «nota informativa» a la constructora Opacua para autorizar el polémico sobreprecio. Tal y como confirmaron ayer los comparecientes, con la subida cada bloque pasó a costar «unos 316.000 euros».
Los técnicos de la Agencia de Renovación Urbana no se posicionaron sobre el encarecimiento de los 24 chalés porque el precio de las promociones «lo pone Urbanismo». Unas declaraciones que contradicen la opinión de otro trabajador del mismo departamento, quien en la sesión del pasado viernes aseguró que jamás se debieron modificar las cantidades porque cuando el Ayuntamiento vendió la parcela a Opacua «ya se habían previsto todos los costes», incluidos los de los elementos bioclimáticos con los que se justificó el aumento.
Quejas
Los técnicos que comparecieron ayer confirmaron que las personas que se apuntaron al sorteo para optar a uno de los veinticuatro chalés «ya sabían» que cada uno iba a costar 316.000 euros. El PP siempre ha esgrimido este argumento en su defensa al escuchar las críticas de los adjudicatarios.
El peneuvista Unai Grajales, presidente de la comisión de investigación, restó importancia a estas afirmaciones ya que, dijo, «eso no es lo que aprobó el pleno en 2002». El edil reconoció que los comparecientes llevaron a cabo «más funciones de las que les correspondían» al tener que responder luego a las quejas de los adjudicatarios.
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