La política de vivienda se está convirtiendo en uno de los temas centrales del debate social e ideológico en Europa, y Euskadi -¿ya era hora!- no es la excepción. Por fin los políticos vascos empiezan a abordar un problema que afecta a la cotidianeidad ciudadana más allá de la metafísica del cojoproblema. Gracias Madrazo, tú sí que sabes.
El mercado de la vivienda ha sido uno de los principales motores de nuestra economía en los últimos 15 años y probablemente el factor que ha explicado la mayor parte de nuestro diferencial de crecimiento con Europa, amén de traccionar el mercado de trabajo y el consumo. Lógicamente, este crecimiento tiene importantes costes y consecuencias..
Quizá lo más negativo sea el enorme impacto ambiental que está produciendo. Los destrozos que la urbanización está causando en el territorio son brutales, además de la enorme y agotadora presión sobre recursos básicos como el agua y la energía, o los impactos negativos de los diferentes tipos de contaminación urbana. No quiero ponerme negativo, pero un modelo de desarrollo impulsado por la construcción ya no es sostenible ni económica ni ambientalmente.
El caso español y, particularmente, el vasco, tienen rasgos -¿qué raro!- distintos al europeo. Y es que a diferencia de lo que ocurre en el resto del continente, aquí la preferencia por la vivienda en propiedad es masiva. Los principales objetivo en la vida de un ciudadano vasco son tener un empleo fijo, a ser posible en la administración pública, y contar con una vivienda en propiedad.
Este modelo social, dejando aparte la legislación laboral, ha sido reforzado por las políticas públicas que han creado un escenario económico, fiscal y jurídico muy favorable a la inversión inmobiliaria y a la compra de vivienda en propiedad.
Los políticos no han podido o no han querido diferenciar en su discurso el acceso a la vivienda como un bien de uso prioritario e irrenunciable socialmente, del acceso a la propiedad de la vivienda como bien económico y de inversión. Así hemos llegado a lo que, en mi opinión, constituye una perversión económica, social e ideológica: subvencionar con dinero de unos ciudadanos el acceso a la propiedad de otros ciudadanos.
Esta perversión rompe dos principios no escritos, pero sólidamente asentados hasta hace poco en nuestra cultura social. De una parte, que a la propiedad privada se accede gracias a las rentas de nuestro trabajo o de nuestro capital a través del mercado; el acceso a la propiedad siempre se ha identificado con el esfuerzo personal o familiar. Y de otro, que la propiedad social siempre se ha relacionado con la propiedad pública. Los ciudadanos siempre hemos entendido que hay una serie de bienes (el agua, el aire, ¿el suelo?, etcétera) que deben ser propiedad pública y admitimos la función social de la propiedad siempre que sea pública y gestionada con eficacia y eficiencia por el Estado de Derecho democrático.
No es fácil encajar el nuevo discurso público de hacer pagar a unos ciudadanos el acceso a la propiedad de otros. Porque no tiene nada que ver con financiar el acceso a la vivienda de quienes lo necesiten, siempre que la propiedad del bien sea pública (si se paga con dinero público) y se gestione óptimamente el recurso.
Facilitar el acceso a la propiedad privada con dinero público puede aceptarse o no, pero me niego a que se considere que es una política de la izquierda. Si con algo se han relacionado las políticas de izquierda es con el respeto al trabajo y a sus frutos; y a la propiedad pública de los bienes de interés general. Las regalías del dinero y los bienes públicos, cualquiera que haya sido su objetivo social, siempre han sido patrimonio del populismo de derechas o de izquierdas, y siempre han provocado más miseria y pobreza a largo plazo, a cambio de un efímero apoyo político.
Por ello cuesta entender el mensaje que nos lanzan ahora algunos políticos. Han estado fomentando la compra de vivienda en propiedad con fuertes incentivos fiscales, han creado un escenario económico donde la inversión más rentable es la inmobiliaria, penalizando cualquier otro tipo de ahorro, y ahora nos dicen que tener viviendas en propiedad no usadas es antisocial y punible.
No sé si son plenamente conscientes del mensaje que están lanzando a la ciudadanía sobre la propiedad privada, que es uno de los principios organizadores de nuestra sociedad. Perdónenme si soy malpensado, pero me parece peligroso que el discurso político relativice excesivamente los principios estructuradores del orden social en aras de conseguir un bien superior, entre otras razones, porque nunca se han conseguido bienes superiores cargándose los principios básicos.
Cuestionar la propiedad privada sobre la vivienda en aras de conseguir alojamiento para los sin techo, me parece tan peligroso como conculcar las libertades individuales en aras de la seguridad colectiva o suprimir la libertad de prensa por razones de Estado.
El discurso populista expropiatorio intenta encubrir una brutal incapacidad para una gestión pública eficaz y eficiente cuyo objetivo debe ser proporcionar el número suficiente de viviendas en alquiler para los que realmente la necesiten y sólo mientras la necesiten. Sinceramente, creo que no es tan complicado lograrlo, y en este camino se encontrarán con la ayuda del sector privado y el apoyo de la mayoría de los ciudadanos.
Aun así, faltaría a la verdad si no dijera que la política vasca de vivienda se sitúa, a pesar de sus 'derrapajes', entre las más avanzadas de España, y creo que ya ha iniciado el camino de potenciar la vivienda en alquiler y de restringir el uso de suelo para construir vivienda nueva. Y conste que el agradecimiento al consejero Madrazo por suscitar el debate no es retórico, aunque no comparta sus soluciones.
