Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa aprobaron ayer por fin la reforma del impuesto de sociedades, una decisión que aún tiene pendiente Álava. La nueva norma va poco más allá de un suave retoque, pero camina en la dirección correcta. Se rebajan los tipos, con el afán de acercarlos a la media europea, una vez que este impuesto se ha convertido en un arma competitiva de primer nivel a la hora de atraer actividad y empleo. Se eliminan determinadas deducciones, sin que se haya explicado suficientemente su evolución pasada y los efectos logrados, pero se conservan otras, en especial las relacionadas con las tan necesarias actividades de I+D. Se mantiene también el régimen especial de las sociedades patrimoniales que tributarán al 18% para acomodarlas a la nueva regulación fiscal del ahorro. Esta decisión se aleja de lo acordado en régimen común, en el que dejan de existir, y habrá que esperar para conocer cuáles y de qué signo serán los efectos futuros de tal discrepancia.
El tipo del impuesto es sin duda el aspecto más llamativo de la reforma. El 28% decidido -24% para las pymes- coloca al País Vasco en los alrededores de la media europea y supone un alivio para la actividad empresarial. Pero también es cierto que ha recibido una dura crítica por parte de los sindicatos, al entender que supone una merma de recursos que se traducirá en menos gasto en políticas públicas. El tipo foral se sitúa a cuatro puntos y medio de distancia del operativo en el sistema común, lo que amplía la diferencia actual, y servirá de argumento para las habituales reclamaciones de la comunidades vecinas. Lamentablemente, la vía de esperanza abierta por la sentencia de las Azores no ha llegado todavía a convertirse en la apoyatura jurídica que necesita la autonomía fiscal vasca.
