La Fiscalía de la Audiencia Nacional reiteró ayer su petición de que el preso etarra Iñaki de Juana Chaos cumpla su condena en un régimen atenuado, habida cuenta de su deteriorado estado de salud después de que hoy alcance los 94 días de huelga de hambre. El Ministerio Público, que remitió un informe de ocho folios al Pleno de la Sala de lo Penal en respuesta al recurso de súplica presentado por la defensa del recluso, ha decidido, no obstante, no recurrir la decisión del tribunal de mantener la situación penitenciaria de De Juana. El fiscal dice «respetar y acatar» la decisión de los magistrados, pero critica sin ambages las formas con las que la Audiencia Nacional tomó esa determinación.
El fiscal Fernando Burgos reitera la postura que ya defendió hace diez días y subraya la «sólida argumentación jurídica» que avala la petición de suavizar el régimen de encarcelamiento de De Juana y enviarle a su domicilio con un fuerte dispositivo de vigilancia. En este sentido, reproduce en su escrito varios fragmentos de sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia.
La Fiscalía utiliza, además, su informe para atacar a la Audiencia Nacional y a la decisión de que, sin previo aviso, fueran los 16 magistrados del Pleno de lo Penal, y no los tres jueces del tribunal que le condenó, los que resolvieran sobre el futuro del interno el pasado 25 de enero. La decisión de mantener la prisión a De Juana se adoptó entonces por doce votos a favor y cuatro en contra. Entre los discrepantes figuraban los tres jueces que le impusieron una pena de 12 años por dos artículos amenazantes publicados en 'Gara' -Manuela Fernández Prado, Ángel Hurtado y Carmen Paloma Pastor González- a los que se sumó Clara Bayarri.
«Es obvio -dice el Ministerio Público sobre la decisión adoptada en Pleno y no por la terna del tribunal- que la modificación del órgano judicial se produjo de forma sorpresiva, sin notificación alguna al fiscal, a las acusaciones populares y a la defensa, tal y como exige la Ley Orgánica del Poder Judicial». Esta anómala situación puede conllevar «defectos procesales», según la Fiscalía, que podrían suponer la anulación de todo el procedimiento penal. Burgos sostiene que es «evidente» que «el desconocimiento de la composición del órgano jurisdiccional» afecta al «derecho a un proceso debido y con todas las garantías», al margen de que se haya podido también violar el derecho a un «juez imparcial y predeterminado por la ley».
«El Pleno omitió comunicar a las partes, y sobre todo a la defensa, la convocatoria y composición del Pleno», explica el informe. Esta circunstancia -insiste- supone «un incumplimiento de las normas orgánicas» y esta irregularidad «podría adquirir trascendencia jurídica» por «la imposibilidad de emplear los recursos procesales para garantizar la imparcialidad del tribunal como pieza imprescindible para un proceso justo».
El lunes, en el Supremo
El Pleno de lo Penal de la Audiencia Nacional debe estudiar mañana el recurso de súplica de los abogados de De Juana. El Tribunal Supremo, por su parte, resolverá el próximo lunes día 12 el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que el pasado noviembre condenó al preso a doce años y siete meses de cárcel por un delito de amenazas terroristas. El Alto Tribunal también reunirá a los trece magistrados y al presidente de la Sala Segunda para revisar esta sentencia, dada la trascendencia del caso.
Por otra parte, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó ayer una nueva providencia en la que reitera a los médicos que pueden recurrir a la sedación o utilizar la «fuerza pública» para inmovilizar a De Juana si lo consideran necesario para continuar con la alimentación forzosa. El recluso, que se niega a ingerir toda clase de comida, está seriamente debilitado, según los informes médicos, por lo que se le ha colocado una sonda para administrarle alimentos directamente al estómago.
Entre tanto, la directora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, dio «órdenes taxativas» para restringir las visitas a De Juana en la unidad penitenciaria del hospital Doce de Octubre, después de que el lunes el diario londinense 'The Times' y luego 'Gara' publicaran dos nuevas fotografías del etarra en el centro médico, a las que hay que sumar una tercera aparecida en diferentes carteles la pasada semana. Prisiones, que mantiene abierta la investigación para determinar cómo se hicieron la entrevista aparecida en el rotativo británico -en la que se reconoce que el preso respondió a las preguntas mediante un cuestionario escrito- y las fotos, ha limitado los pases a la pareja sentimental del preso y a sus abogados. Todos ellos deberán de someterse a «estrictos cacheos» para evitar la introducción de móviles, cámaras o grabadoras.
La entrevista no sólo provocó reacciones políticas sino que podría tener efectos en la situación judicial de De Juana. la asociación España y Libertad interpuso ayer en la Audiencia Nacional una denuncia contra el histórico miembro del 'comando Madrid' por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a las víctimas. La querella incide en el hecho de que el etarra no mostrara arrepentimiento alguno por los 25 asesinatos que cometió.
