Pablo Pérez Tremps sopesa dejar su cargo en el Tribunal Constitucional, tras aceptar el pasado lunes el pleno de la institución su recusación para deliberar y votar el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el Estatuto de Cataluña. El magistrado aseguró, no obstante, que no tomará una decisión «en caliente». Su renuncia permitiría al Gobierno nombrar un sustituto, pero abriría una crisis en el tribunal que debe resolver el recurso del PP y otros seis planteados por el Defensor del Pueblo y cinco autonomías.
El Constitucional se encuentra en una delicada situación como consecuencia de la recusación de Pérez Tremps, presentada por el PP. Las reacciones de los partidos a favor o en contra de la resolución, adoptada por un solo voto, contaminan la imagen de neutralidad del tribunal al dar por hecho que la ausencia del magistrado nombrado a propuesta del Gobierno inclinará la balanza del lado de una sentencia favorable a los recurrentes.
Las dudas que abriga el magistrado sobre su futuro no hacen sino añadir incertidumbre. En declaraciones a una emisora del grupo Prisa, Pérez Tremps anunció ayer que se plantea presentar la dimisión «por dignidad», y que cuando tome una decisión se la comunicará antes que a nadie a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas.
En el Constitucional cunde la preocupación ante la eventualidad de que haga efectiva su renuncia. Nombrar un sustituto corresponde al Gobierno, y sea quien sea, llegaría precedido por la sospecha de falta de neutralidad. Por el contrario, si Pérez Tremps sigue en el cargo no podrá participar en el debate de los recursos contra el Estatut, y los magistrados conservadores serán mayoría. Tras su exclusión no es posible el empate, por lo que la presidenta de la institución, de talante progresista, no podría hacer uso de su voto de calidad.
Sin embargo, fuentes jurídicas indicaron que la recusación del catedrático no implica que se vayan a aceptar los argumentos del recurso del PP. Dichos medios aseguran que hay magistrados que han apoyado la retirada de Pérez Tremps y que son favorables a la reforma estatutaria catalana, y otros que la han rechazado y que son muy críticos con el texto.
Sin precedentes
Como no podía ser de otra forma, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que el Ejecutivo no se plantea en absoluto la sustitución de Pérez Tremps, y que sólo el magistrado podría desencadenar el relevo con su dimisión. En todo caso, López Aguilar señaló que la aceptación de su recusación -que el Gobierno respeta y acata- no tiene precedentes. Más aún, recordó que el senador del PP José Luis de los Mozos dejó el escaño para entrar en el Constitucional y desde este tribunal se pronunció sobre leyes en cuya elaboración había participado.
Por su parte, el PP piensa que Pérez Tremps «no tiene ninguna obligación ni ética ni jurídica de dimitir», según la secretaria de política autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría. El portavoz en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, agregó que sería «prácticamente inaceptable y fraudulento» que alguien presionara al magistrado para que renuncie. Ambos comentaron la recusación como un trámite más dentro del procedimiento que se sigue en el tribunal, tal como había convenido la dirección del PP.
La cúpula popular quería evitar cualquier reacción que sugiriera que, tras aceptar el Constitucional sus argumentos para excluir del debate a Pérez Tremps, dan por hecho una sentencia favorable a los recursos contra el Estatut. En contraste con esta actitud, el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, interpretó con euforia la decisión de la Corte como «una victoria del sentido común y de la lógica democrática». «Al final, la razón se va imponiendo», remachó.
El anuncio del magistrado recusado sobre su posible dimisión provocó también reacciones encontradas entre las asociaciones de jueces. El portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, sostuvo que «ningún magistrado, y menos del Tribunal Constitucional», puede dimitir en las actuales circunstancias, y si lo hiciera incurriría en una «actuación fraudulenta» que podría tener consecuencias jurídicas. La progresista Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria, por su parte, enmarcaron tal decisión en el «ámbito de libertad» del magistrado.
