Las tensiones internas que sacuden desde hace meses a SEA-Empresarios Alavesas, que se habían acentuado en las últimas semanas con el proceso de elección del nuevo secretario general de la organización, culminaron ayer con una decisión sorpresa. La junta rectora del sindicato acordó por mayoría destituir al presidente de la Caja Vital, Gregorio Rojo, y al máximo responsable de la patronal de la madera, Francis Huidobro, como miembros de la ejecutiva, lo que puede abrir una seria crisis en la organización.
El máximo órgano de SEA se reunió en la tarde-noche de ayer para elegir al nuevo secretario general. El puesto lleva ocho meses vacante, tras la marcha de José Manuel Farto por sus profundas divergencias con los máximos responsables del sindicato, su presidente, Carlos Zarceño, y el vicepresidente primero, Alfonso Sáiz.
Un sector de la junta de la patronal alavesa planteó meses atrás que el puesto lo ocupara un 'hombre de la casa'. La propuesta fue rechazada por mayoría y se contrató a una empresa de Barcelona, la multinacional Hudson, para que llevara a cabo el proceso de selección.
El sector crítico con Zarceño, encabezado por Huidobro y que, según algunos medios contaría con el aval de Rojo, transmitió su oposición a aceptar para el puesto a ningún candidato con vinculaciones políticas. En algunos medios se había especulado con la posibilidad de que entre los aspirantes figurara algún conocido cuadro del Partido Popular.
Sorpresa
Ante las divergencias existentes, la junta acordó ayer no proceder a la elección. Además, y por unanimidad, determinó que el puesto lo ocupe de forma interina uno de los tres directores de la patronal, Aitor Otaola.
La sorpresa llegó cuando el presidente, Carlos Zarceño, planteó a la junta, la destitución fulminante de Rojo y Huidobro como vicepresidente y vocal de la ejecutiva al haber perdido la confianza en ambos por sus posiciones críticas. Sometida a votación en un clima de profunda crispación, la propuesta de cese fue aprobada por 17 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
Los destituidos estudian impugnar la decisión de la junta por entender que podría vulnerar los estatutos.
