Nuevo varapalo judicial para el alcalde Alonso. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de declarar nulos los polémicos acuerdos impulsados en julio de 2004 por el equipo de gobierno municipal para reorganizar de forma profunda el servicio de escuelas infantiles.
El fallo, que da la razón a los sindicatos en todas sus reclamaciones, tiene consecuencias prácticas inciertas, toda vez que los cambios que Alonso trató de sacar adelante aquel verano quedaron en suspenso tras una prolongada huelga de las educadoras, que estuvieron 55 días de continuas movilizaciones. Esta medida de presión desembocó en un nuevo acuerdo municipal -esta vez de los tres grupos mayoritarios, PP, PNV, PSE, y aceptado por la parte social- para instaurar un nuevo modelo educativo-asistencial en las 17 guarderías públicas, que es el vigente en la actualidad.
El juez viene a respaldar los posicionamientos mantenidos durante el otoño de 2004 por el comité de empresa y ratifica las interpretaciones del asunto efectuadas en su día por la Secretaría General del Pleno, el Ararteko, el Instituto Vasco de Administraciones Públicas (IVAP) y el Tribunal Vasco de Cuentas.
Todos estos organismos, y ahora el Tribunal Superior de Justicia, han entendido que el alcalde se extralimitó de sus funciones al aprobar a través de la Junta de Gobierno Local -el órgano ejecutivo donde sólo está el PP- los profundos cambios en materia de concepto, horarios y plantilla que pretendía materializar en las guarderías municipales. Con ellos, el regidor buscaba que las escuelas abrieran más horas al día, también durante las vacaciones de verano y Navidad, y homogeneizar la titulación y la retribución de las educadoras.
«Trámite esencial»
El tribunal que ha revisado el caso insiste en que las modificaciones son de tal calado que vienen «encomendadas al pleno» -donde Alonso carecía de mayoría- por las diferentes normativas de aplicación en los ayuntamientos. Por ello, entiende que los dos decretos emitidos por la Alcaldía para tratar de reorganizar el servicio de las escuelas infantiles incurren en «vicios de nulidad», motivo por el que se resuelve anularlos.
Los jueces ven en la conducta del PP un segundo defecto que apuntala la «nulidad» de sus decisiones. Creen comprobado que los decretos se emitieron «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido». Entre otras razones, porque se omitió «un trámite esencial» como es la negociación de las medidas con los sindicatos, un proceso obligado para modificaciones de esta índole, según los jueces.
Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Supremo, aunque el Gabinete Alonso eludió ayer adelantar si utilizará esta vía. Los sindicatos han previsto valorar hoy el fallo.
La pretendida reorganización de las escuelas municipales impulsada por el regidor popular en julio de 2004 motivó un inicio de curso 'caliente', con una prolongada huelga de 55 días que dejó en casa a los 1.500 niños que acuden a las aulas.
En abril de 2005, tras meses de negociaciones, la mayoría de la Corporación aprobó el nuevo reglamento de funcionamiento del servicio, que incide en su carácter asistencial y permite abrir los centros en julio y otros periodos de asueto a cambio de otras mejoras para la plantilla.
